La violencia como mecanismo de resolución de conflictos

Por: Roberto Gutiérrez Alcalá

Las unidades habitacionales son pequeñas ciudades dentro de las grandes urbes, donde se replican los mismos fenómenos sociales que se dan en estas últimas.

Marcela Meneses Reyes, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, ha dedicado varios años a estudiar la violencia como mecanismo de resolución de conflictos en una unidad habitacional popular ubicada al norte de la Ciudad de México, en la alcaldía Gustavo A. Madero, la segunda más habitada y con más índices de marginación, después de Iztapalapa.

“Uno de los criterios metodológicos de mi investigación es no dar su nombre, para evitar el surgimiento de un estigma territorial y proteger a sus habitantes”, dice.

Como en otras, en esa unidad habitacional ha habido, desde hace una década, por lo menos, un repliegue institucional, sobre todo en lo concerniente a la seguridad y la atención de la violencia.

“Por eso, los jóvenes de ahí se fueron preparando poco a poco para cubrir sus necesidades de seguridad. De este modo se han transmitido, de generación en generación, las herramientas y habilidades que les han permitido hacerse cargo, por cuenta propia, de su integridad y de la de sus familias, de su patrimonio y de los espacios comunes”, comenta Meneses Reyes.

Consumo y venta de drogas, asaltos…

Otros problemas que agravan la situación de la mencionada unidad habitacional son la nula oferta cultural y la escasa oferta educativa que se ve en la zona.

“Cerca sólo se localiza una secundaria pública y un plantel del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP). Las escuelas de la UNAM más cercanas son el CCH Vallejo y la Prepa 9, pero están a 30 minutos en microbús”, comenta la investigadora.

Asimismo, el consumo y la venta de drogas se han incrementado con los años y los asaltos son constantes.

“Los jóvenes de esa unidad habitacional creen firmemente que los culpables de la inseguridad en que viven son los habitantes de las colonias populares aledañas al cerro del Chiquihuite. De ahí que estén muy atentos para identificarlos.”

A pesar de que en las inmediaciones hay dos módulos de atención policiaca, no funcionan. Las patrullas de la policía aparecen de manera selectiva, algunas veces más bien para extorsionar a los jóvenes de la unidad habitacional que se encuentran reunidos en los espacios comunes o a los que consumen o venden drogas.

“En ocasiones hacen como que los detienen y los liberan más adelante, afuera de la unidad habitacional, a cambio de dinero, por supuesto”, informa Meneses Reyes.

Cazar a la rata

Los jóvenes de la citada unidad habitacional crearon hace ya mucho tiempo lo que la investigadora universitaria llama “la estrategia de cazar a la rata”.

La violencia como mecanismo de resolución de conflictos

Con ello buscan darles una lección y dejar claro que, aunque no haya policía, no están solos y pueden imponer su poderío como varones jóvenes de la unidad habitacional y enviar un mensaje de protección a sus familias y vecinos.

No obstante, Meneses Reyes ha descubierto recientemente que las herramientas y habilidades transmitidas de generación en generación para cubrir las necesidades de seguridad en esa unidad habitacional resultan insuficientes cuando los que vienen de fuera portan armas de fuego.

“Esto me hace pensar que, en un futuro no muy lejano, los jóvenes de ahí podrían empezar a adquirir sus propias armas de fuego, dado el fácil acceso a ellas.”

La investigadora ha introducido en su estudio el concepto de legítimo victimario, que se refiere a la legitimidad con que los vecinos de la unidad habitacional dotaron a sus jóvenes para que se hicieran cargo, por cuenta propia, de su seguridad y de la resolución de conflictos por medio de la violencia.

“Sí, pueden ser victimarios, como lo pone en evidencia ‘la estrategia de cazar a la rata’. Con todo, ante la ausencia o la presencia difusa y discreta del Estado, están legitimados socialmente para llevarla a cabo.”

Espacios de vivienda primordiales

Las unidades habitacionales fueron impulsadas y sostenidas por el Estado mexicano en la década de los años 60, 70 y 80 del siglo pasado, mediante distintos organismos públicos como FOVISSSTE, INFONAVIT y BANOBRAS.

Sin embargo, con las crisis económicas subsecuentes y la implementación de políticas de corte neoliberal se decidió hacer una redistribución de los fondos públicos, lo cual trajo como consecuencia el abandono estatal de las tareas de administración, gestión, mantenimiento y regulación de estos espacios de vivienda. Fue así como sus habitantes se vieron obligados a asumir tales tareas, sin un proceso previo de preparación y acompañamiento del Estado.

“En las unidades habitacionales surgen con cierta regularidad conflictos por la ocupación de los espacios comunes, como escaleras, pasillos, estacionamientos y plazas para distintos fines, y no hay a quién acudir para dirimirlos. La única instancia oficial que tiene que ver con ellas es la Procuraduría Social de la Ciudad de México, pero no tiene capacidad de sanción, por lo que cualquier vecino puede imponer su voluntad sin mayores consecuencias.”

En opinión de la investigadora, urge voltear a ver otra vez las unidades habitacionales como espacios de vivienda primordiales en la Ciudad de México.

“El abandono en el que están no sólo es del Estado, sino también de la academia, que perdió interés en estudiarlas. Por si fuera poco, en la primera Constitución Política de la Ciudad de México se les menciona una sola vez”, finaliza.