Desistimiento de acusaciones penales en contra de los 31 inculpados, demanda ProCienciaMX 

En un comunicado, la Red pidió transparencia en el proceso y explicación pública de las autoridades del Conacyt y de la FGR sobre el caso

Desistimiento de acusaciones penales en contra de los 31 inculpados, demanda ProCienciaMX 
La Red ProCienciaMX Añade que la Fiscalía construyó dicha acusación sobre la base de una denuncia que la doctora Álvarez-Buylla, directora general de Conacyt, formuló previamente en contra del Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC. Foto: Archivo
Ciencia y Salud 24/09/2021 11:57 Redacción Actualizada 11:57
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La Red ProCienciaMX que reúne a científicos del país publicó convoca a la comunidad académica del país a sumarse al rechazo de la “acción arbitraria” contra 31 científicos y personal administrativo. En un pronunciamiento, expresó que la comunidad científica y académica de México está viviendo una situación de preocupación, incertidumbre y zozobra después de que 31 colegas han sido acusados/as penalmente por la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada.   

Añade que la Fiscalía construyó dicha acusación sobre la base de una denuncia que la doctora Álvarez-Buylla, directora general de Conacyt, formuló previamente en contra del Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC (FCCyT AC). 

“ProCienciaMX –expresa el comunicado—se suma a la indignación manifestada por muchas voces de la academia de todo el país, por estos hechos que criminalizan indebidamente a 31 colegas y pasan por encima de las decisiones y opiniones del poder judicial. No solamente las de un juez federal, sino la arriba mencionada de la Suprema Corte. Las acusaciones de la FGR son presentadas ante la opinión pública como destinadas a defender una lucha justificada y legal en contra de la corrupción en el sector académico y científico”. 
 

La Red expresa que los argumentos parecen más bien un distractor para no enfrentar las múltiples preocupaciones del sector. Entre ellas el posible cambio de estatuto laboral de los investigadores de los Centros Públicos de Investigación hacia la calidad de funcionarios públicos; la súbita desaparición del programa Cátedras Conacyt anunciada este jueves mismo, así como el cambio arbitrario de sus lineamientos en perjuicio de cientos de jóvenes investigadores; el retraso y la discrecionalidad en la asignación de becas a estudiantes doctorales y a doctores para estancias posdoctorales, que están creando incertidumbre en la nueva generación de investigadores. 

También señala que está la largamente pospuesta discusión de la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Congreso de la Unión. Muchas voces de la  academia y del sector de ciencia, tecnología e innovación se han opuesto al núcleo central del anteproyecto de ley propuesto por Conacyt, debido a la insuficiente representatividad de los gobiernos estatales y de la comunidad académica, al deficiente esquema de financiamiento de la investigación y a la falta de mecanismos de consulta a la sociedad. 
 

 

Otras voces se suman 

En otro desplegado, más de 15 miembros de la Academia de Ciencias de Baja California A.C., manifestaron en una carta su firme oposición al hostigamiento de la comunidad científica de México por parte de la Fiscalía General de la Republica. 

“El proceder de FGR, acusando a 31 de nuestros colegas de delincuencia organizada para encarcelarlos en una prisión de máxima seguridad, representa un agravio a la comunidad científica del país. La acusación que se ha lanzado desde la FGR en contra de destacados científicos mexicanos es absurda e impropia para un país que requiere de una comunidad científica consolidada que contribuya a resolver los problemas urgentes de la nación”. 

Lamentan que a pesar de la negativa del juez a girar las órdenes de aprehensión, la FGR haya  expresado su intención de continuar con la solicitud de las ordenes de aprehensión. “ Se trata de un acto intimidatorio, impropio de un país gobernado bajo los principios de un Estado de Derecho. Además, estas acciones representan un desperdicio de recursos materiales y humanos por parte de la Fiscalía, en un país que vive un ambiente de violencia nunca visto”. 

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