El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) asegura que el Instituto Federal de Telecomunicaciones condena a la separación funcional de Telmex al fracaso al no ser consistente entre la naturaleza de la medida y su política de determinación tarifaria.

“El Instituto debe considerar que los precios y tarifas que determine, en el caso de que los servicios de la EM (Empresa Mayorista) sean regulados deben tener por objeto generar los recursos suficientes para cubrir sus gastos de: mano de obra, previsión social, pagos a proveedores, mantenimiento a la red y además, generar los recursos que le permitan realizar inversiones”.

En su opinión enviada al regulador como parte de la consulta pública sobre la eficacia de las medidas de preponderancia impuestas a América Móvil, el STRM menciona que desde 2001 Telmex no ha incrementado sus precios al usuario final.

La separación funcional de Telmex es una medida asimétrica impuesta a la empresa en la revisión bienal de 2017 que implica la división de la empresa en dos, una compañía que ofrezca servicios a usuarios finales y otra que atienda a la competencia.

El Sindicato indica que el objetivo final de la regulación del sector debe beneficiar al usuario final, sin embargo, las medidas de preponderancia han sido ineficaces para lograr este objetivo.

“La competencia en infraestructura debe ser la llave para el crecimiento del sector en los próximos años y la regulación deberá ser diseñada para incentivar este tipo de competencia”.

La regulación que implemente el IFT debe mejorar los niveles de inversión e incidir directamente en la penetración de los servicios.

“Esto implica abandonar el actual enfoque adoptado en la regulación de preponderancia y transitar hacia un nuevo paradigma regulatorio que esté sustentado más en compromisos y despliegue efectivo de más y mejor infraestructura, que en el cumplimiento de métricas básicas de participaciones de mercado”.

cg

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