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maria.saldana@eluniversal.com.mx
El presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación ( Index ) de Matamoros , Rolando González Barrón , informó que se concretó el cierre de dos de las 15 maquiladoras que anunciaron su salida, lo que llevó al despido de mil 500 personas, con el riesgo de que en tres años suba la cifra a 25 mil personas sin empleo.
Agregó que los paros ilegales que se registran en 17 maquiladoras de las 115 que operan en esa ciudad, las tienen operando al 80% o 60% de su capacidad, a pesar de que en su mayoría se trata de movimientos laborales ilegales , sin que la autoridad intervenga, a pesar de que hay una mala lectura de la ley.
“Tenemos dos maquiladoras que definitivamente anunciaron su cierre y en este momento están sacando gente, mil 500 despidos. Lo más injusto es que el trabajador es el que sale perjudicado, (hay líderes sindicales que) lo engañan, le dicen cosas” lo convencen de que hagan huelgas ilegales y que exijan incrementos que no les corresponden.
Comentó que actualmente hay aproximadamente 17 maquiladoras de 115 que operan en esa ciudad que se mantienen en paro. “Si siguen así las cosas y no hay quién aplique la ley, nosotros veríamos despidos de 20 a 25 mil personas en los próximos 3 años de seguir así”, expuso.
González Barrón explicó que el problema inició por una mala lectura que se hizo al incremento a los salarios mínimos en frontera, porque el gobierno emitió un decreto en el que anunciaron que el alza de 88 pesos a 176.72 pesos tenía dos componentes, uno de 5% de aumento directo y otro monto independiente de recuperación, que eran 79 pesos, este último no se debería usar para el alza de contratos colectivos.
Sin embargo, líderes de sindicatos independientes llegaron a Matamoros a convencer a los trabajadores de que pidieran 20% de aumento al salario y un bono de 32 mil pesos, algo que ya otorgaron algunas maquiladoras porque prácticamente se les puso la “pistola en la cabeza”.
Añadió que las maquiladoras ya tienen abogados que elaboran denuncias penales contra la gente que está haciendo paros ilegales, porque tienen a las plantas laborando al 80% o 60% de su capacidad.
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