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El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) examinó el potencial de los dos esquemas que plantea la iniciativa de Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum.
La propuesta anunciada el pasado 16 de marzo busca acelerar la implementación del Plan de Inversión en Infraestructura 2026–2030 que prevé sumar 722 mil millones de pesos (mdp) adicionales en nuevos proyectos en 2026 mediante esquemas de coinversión público-privada.
Para alcanzar este objetivo, la iniciativa contempla dos esquemas de participación mixta —la Contratación de Largo Plazo y la Inversión Mixta—, además de que crea un andamiaje de vehículos financieros e instrumentos de fomento para atraer capital privado hacia infraestructura estratégica.
Riesgos en iniciativa de ley para inversiones mixtas
Por ello el IMCO examina los mecanismos y los riesgos que su diseño actual conlleva y advierte al menos tres riesgos centrales de la propuesta:
- No contempla integrar expertos técnicos independientes al Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura para contar con una pluralidad de visiones. Hacerlo promovería la certidumbre y la transparencia en el desarrollo de proyectos desde el inicio.
- No hay certidumbre presupuestal más allá de 2030, pues no se garantizan los recursos para el desarrollo y construcción de los proyectos más allá de 5 años, lo que es relevante en proyectos de infraestructura de gran escala que suele extenderse por varios años y está sujeta a retrasos durante su desarrollo.
- En términos de atracción de inversiones, para atraer capital privado suficiente es necesario que los rendimientos sean acordes al nivel de mercado y al nivel de riesgo que cada proyecto implica.
De acuerdo con el IMCO, en cuanto a los esquemas de participación mixta la iniciativa no introduce necesariamente una lógica nueva para el desarrollo de proyectos, sino que la institucionaliza con rango legal.
Sobre la contratación a largo plazo señala que el sector privado asume el financiamiento, la construcción y la operación del proyecto, recuperando su inversión mediante pagos periódicos sujetos a estándares de desempeño durante un plazo de entre 4 y 40 años.
Agrega que una vez que el proyecto entra en operación, el inversionista recupera su inversión contra los flujos garantizados por el contrato; el riesgo se concentra en la fase de desarrollo.
En la inversión mixta, indica que el sector público permanece como socio activo: ambas partes participan conjuntamente en el desarrollo y operación del proyecto, compartiendo riesgos, costos y beneficios en proporción a su participación.
"La incertidumbre central está en los flujos de ingreso", esa variable puede determinar si un proyecto es financieramente atractivo para instituciones financieras o no.
Hay riesgo de discrecionalidad en propuesta sobre inversiones mixtas
El Instituto Instituto Mexicano para la Competitividad considera que la iniciativa deja margen para la discrecionalidad en la determinación de qué proyectos son estratégicos, no ofrece protección jurídica ante actos de autoridad, ni establece cómo se deducen los costos operativos antes de distribuir beneficios.
Permite, además, la autorización de proyectos fuera de procesos de licitación tradicionales, lo que agrava el riesgo de asignación discrecional.
Ante este panorama, afirma que México necesita detonar inversión en infraestructura y esta iniciativa busca institucionalizar mecanismos para lograrlo.
Sostiene que si el objetivo es atraer inversión privada, sería más viable si las empresas pudieran desarrollar proyectos por cuenta propia, "un modelo menos centralizado no implicaría un menor nivel de ambición: implica crear condiciones para que la inversión fluya con mayor escala, velocidad y diversidad de proyectos".
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