Hay 220 quejas por seguro de burócratas

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El presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), Óscar Rosado, informó que hasta el momento se han presentado sólo 220 quejas de burócratas por el pago del Seguro de Separación Individualizada (SSI).

Esta prestación, que fue eliminada como parte de las medidas de austeridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, era proporcionada por la aseguradora Metlife y permitía a los beneficiarios ahorrar hasta 10% de su salario y el Ejecutivo aportaba una cantidad similar.

En febrero, la Secretaría de Hacienda informó que los recursos ahorrados por los trabajadores de gobierno se les pagarán en parcialidades cada seis meses, con lo que será hasta en dos años y medio que puedan recuperar en su totalidad sus recursos.

“Andamos en un rango menor a las 250 quejas en las 36 oficinas. Hay algunas donde no tenemos. El número no llega a 250 quejas en relación con el SSI”, añadió el funcionario.

Tras participar en la asamblea 2019 de Prodesarrollo, dijo que en el paro de labores que el sindicato de la Condusef inició la semana pasada, no se han registrado afectaciones en la operación de las oficinas del organismo.

De acuerdo con Rosado, en el arranque de 2019 el comportamiento de quejas por parte de los usuarios es similar a otros años, con lo que el organismo prepara mayores herramientas digitales para mejorar la atención a usuarios.

“El número de quejas en enero, comparado con el año anterior se mantiene igual. El crecimiento es de 1% o 2%. No significa ningún crecimiento arriba de lo normal. El promedio de quejas mensuales anda entre 30 mil y 35 mil quejas”, precisó.

En la asamblea de Prodesarrollo, tanto el presidente de la Condusef como el vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Sandro García Rojas, fueron informados sobre la permanencia de discriminación por parte de bancos que cierran cuentas a microfinancieras, con el pretexto de aplicar controles preventivos de lavado de dinero, pero también se aplican medidas discriminatorias al tratarse de personas de origen indígena de municipios marginados en el país.