El Senado modifica las sanciones en ley fintech

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El Senado modificó las sanciones contempladas en la iniciativa de “ley fintech”, y añadió al menos 10 cambios al texto original enviado por el Ejecutivo en los cuales atiende recomendaciones de la Cofece.

“Las modificaciones tienen que ver con las sugerencias que presentaron las partes interesadas del sector, la banca y con principal atención a las que presentó la Cofece, con el propósito de que sea un instrumento mucho más flexible y acorde a la realidad”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, José Francisco Yunes.

El dictamen, que está a la espera de su discusión y posible aprobación en el Senado, establece sanciones que no estaban incluidas que van de 377 mil 450 a 11 millones 323 mil 500 pesos, y prisión de tres a nueve años a quien en forma indebida utilice, obtenga, transfiera o de cualquier otra forma, disponga de los recursos, fondos de pago electrónico o activos virtuales de los clientes de las instituciones financieras tecnológicas.

En caso de que esta conducta la realice un accionista, socio, consejero, funcionario, directivo, administrador, empleado, la sanción va de seis a 10 años de prisión, y multa de 754 mil 900 a 22 millones 647 mil pesos.

También establece sanciones menores a las propuestas en la iniciativa original en caso de que se presenten desvíos de recursos en las empresas financieras tecnológicas, donde el monto máximo de sanción es de 18 millones 872 mil pesos y una pena de prisión de hasta 12 años.

En casos de robo de identidad, se reduce las multas económicas, al establecer una sanción de 377 mil 450 pesos a 11 millones 323 mil 500 pesos y prisión de tres a nueve años.

Detalla criptomonedas. En el caso de las criptomonedas, el Banco de México definirá en legislación secundaria los plazos, términos y condiciones que deberán observar las fintech para los casos en que los activos virtuales que este haya determinado se transformen en otros tipos o modifiquen sus características.

Asimismo, reitera que será el banco central quien autorice la operación con este tipo de recursos.