No es novedad que el año nuevo nos reciba con incrementos de precios. El año pasado la sorpresa del mes de enero fue el llamado gasolinazo. Ahora iniciamos este 2018 con una cuesta de enero muy inclinada, que además parece que tardará algunos meses en estabilizarse.

De acuerdo con el Inegi, la inflación del 2017 fue la más elevada desde 2000 y alcanzó el 6.77 por ciento. Los bienes y servicios cuyos precios registraron mayores alzas en el año fueron el gas LP, la gasolina, el transporte, y algunos productos agropecuarios. De igual forma, el aumento en las tarifas eléctricas para los sectores industrial y comercial ha derivado en fuertes incrementos en los recibos de las empresas, lo cual a su vez se espera que derivará en un aumento en los precios, impactando directamente a los consumidores.

El aumento en los precios, al no estar aparejado con un incremento salarial en la misma proporción, implica una pérdida en el poder adquisitivo, por lo que las familias deben reajustar su presupuesto a esta nueva realidad. Ello genera un círculo vicioso, pues al afectar en mayor medida a los que menos recursos tienen, este segmento de la población se ve obligado a cortar los gastos que les pueden abrir la puerta a un mejor futuro, como por ejemplo, pagar sus estudios, comprar una casa o invertir en un negocio. Esta dinámica acentúa la desigualdad de la población mexicana.

Aunado a ello, el incremento en las tasas de interés durante el último año añade otro grado de dificultad para la economía familiar al encarecer el crédito al consumo.

El incremento en los precios y el alza en las tasas de interés han contribuido a que las tasas de morosidad de los últimos meses prendan las alarmas. De acuerdo con estadísticas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a noviembre de 2017, el 16.12 por ciento del crédito otorgado vía tarjetas bancarias tenía un atraso frente al 14.86 por ciento de 2016, la morosidad más alta registrada desde noviembre de 2015.

Iniciar el año con estos indicadores y con la incertidumbre sobre lo que ocurrirá con el TLCAN, la reforma fiscal de Estados Unidos y las elecciones, y la volatilidad del peso frente al dólar, no augura un 2018 fácil. En momentos de incertidumbre, las personas y las empresas posponen decisiones de compra y de inversión, afectando el desempeño de la economía. Ante este panorama resulta imprescindible que el gobierno envíe a los mercados señales de estabilidad, responsabilidad y de extremo cuidado de las finanzas públicas, que apunten a un mejor segundo semestre y que contribuyan a generar una mayor confianza en los meses venideros. Para acortar y balancear la cuesta de enero, hacen falta acciones concretas que demuestren que el gobierno está haciendo todo lo que está en sus manos para reforzar la economía de los hogares. Además de controlar la inflación, los esfuerzos deberían enfocarse en los meses que quedan también en la implementación eficaz de las políticas en curso en energía, telecomunicaciones, infraestructura, vivienda, entre otras.

Presidente y Director General de Laureate y UVM

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