Cuestiona el CEESP respuesta a inseguridad

Organismo menciona que el Estado ha sido tolerante y no genera un entorno de confianza

Cuestiona el CEESP respuesta a inseguridad
El CEESP expuso que hechos como los ocurridos en Culiacán, Sinaloa, ensombrecen aún más el panorama. Foto/ARCHIVO EL UNIVERSAL
Cartera 21/10/2019 03:52 Redacción Actualizada 04:07

La respuesta del Estado frente a la inseguridad, la impunidad y la corrupción, entre otros males, no ha sido suficiente ni eficiente, e incluso ha llegado a ser tolerante, lo cual no ha ayudado a generar un mejor entorno de confianza para la población, las empresas y los inversionistas, reconoció el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

El organismo destacó que ante este tipo de fenómenos, se generan percepciones de riesgo de supervivencia de empresas, especialmente micro y pequeñas, y se han convertido en factores que inhiben la inversión y el crecimiento y el bienestar.

Incluso, el centro de estudios expuso que hechos como los ocurridos en Culiacán ensombrecen aún más el panorama.

Confianza a inversionistas. La organización consideró fundamental un ambiente de negocios que genere confianza a los inversionistas, a fin de que tomen los riesgos adecuados en busca de los rendimientos correspondientes.

“Esa es la forma en que las empresas se hacen más competitivas, lo que potencia su capacidad de producción y su productividad, que finalmente se plasma en mayor crecimiento económico y bienestar, propiciando la reducción de la pobreza”, añadió.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado mencionó que otra preocupación es la falta de claridad en las políticas públicas del gobierno, lo que aumenta la cautela de los inversionistas en su toma de decisiones.

El organismo de pendiente de
la iniciativa privada añadió que
la reciente aprobación de la Ley Contra Delitos Fiscales sin modificación alguna probablemente causará mayor incertidumbre, aun cuando el objetivo de perseguir la evasión fiscal y la
falsificación de facturas se justifica plenamente.

“El equiparar la presunción de estos delitos a la delincuencia organizada y otros que representan una amenaza inminente a la sociedad y al Estado es desproporcionado”, manifestó.

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