Corte niega suspensión promovida por el IFT

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Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó la suspensión provisional al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) contra las disposiciones del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 que prohíben fijar salarios superiores al del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la controversia constitucional promovida por el IFT y afirmó que la suspensión solicitada por el organismo no procede, porque de concederla no se preservaría la materia del juicio, aunado a que el PEF ya entró en vigor y no se le pueden dar efectos restitutorios.

En su acuerdo, el ministro destacó que el PEF 2019 establece que el salario del titular del IFT será fijado por la instancia correspondiente a dicho órgano, mismo que no podrá ser superior a los 108 mil pesos mensuales asignados al titular del Ejecutivo.

Por ello, señaló que no es posible conceder una medida cautelar para omitir fijar la remuneración en los términos establecidos en el PEF 2019, sino fijarla conforme a las reglas vigentes en 2018, pues la Cámara de Diputados ya designó un tabulador para las remuneraciones de los servidores públicos del IFT.

El organismo también solicitó una suspensión contra la aplicación de cualquier sanción que impida ejercer su presupuesto, pero el ministro también negó la petición debido a que el PEF 2019 no contiene ninguna disposición de esta naturaleza.

Menos recursos. Como parte del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), el instituto solicitó mil 780 millones de pesos para su operación. Sin embargo, la Cámara de Diputados recortó 280 millones de pesos de ese monto.

Esta reducción significa una disminución de 25% en términos reales en comparación con la cifra aprobada para el año anterior.

Al respecto, el regulador aseguró que el recorte ponía en riesgo el cumplimientos de sus atribuciones, así como proyectos a ejecutarse este año como promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión; la promoción, supervisión y regulación del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de servicios de ambos sectores; así como sus tareas como autoridad en materia de competencia económica.

La semana pasada el IFT informó que interpondría una controversia constitucional contra el PEF 2019 y contra disposiciones relacionadas con las remuneraciones de los servidores públicos.

Esta decisión fue tomada “por considerar que se vulnera la función regulatoria de este órgano autónomo, prevista en el artículo 28 de la Constitución”, señaló el instituto en su momento.