Coparmex ve "violación constitucional y opacidad" en decreto para blindar obras

Es “sumamente alarmante” el acuerdo que publicó el lunes la Secretaría de Gobernación para declarar a las obras y proyectos de interés público y de seguridad nacional porque viola la Constitución y permitirá mayor opacidad en los procesos de asignación, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Esta disposición se puede aplicar a casi todas las obras del gobierno federal, como lo son comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles, energía, etcétera.

Si se les considera de seguridad nacional “con ese carácter obtendrán una dispensa de trámites, permisos, licencias y autorizaciones por afirmativa ficta”, además de que se les pide a las dependencias públicas otorgar en un plazo de cinco días la autorización provisional con vigencia de 12 meses, de no responder en esos días se entenderá en sentido positivo la resolución.

“Esta medida es sumamente alarmante, sobre todo, cuando de forma reciente se han dado a conocer investigaciones periodísticas que revelan la asignación discrecional de contratos a empresas fantasma y con giros no relacionados con la materia contractual.

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“También, cuando el 80.6% de los contratos otorgados en este año 2021 han sido entregados por adjudicación directa según lo confirman los análisis de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Esta medida genera profundas dudas sobre el compromiso del actual gobierno con la transparencia y el combate a la corrupción”, añadió la Confederación.

La Coparmex dijo que el decreto viola la Constitución porque pretende evadir las disposiciones que piden la aprobación del Congreso, además atenta contra la libre competencia y fomenta la discrecionalidad en la realización de obras públicas.

Agregó que va en contra de las consultas a pueblos indígenas y en análisis materia ambiental.

“Pero el impacto del decretazo puede ser todavía mayor y severamente perjudicial, porque tiene el potencial para dañar de forma irreparable los derechos humanos de los ciudadanos”, expuso.

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rcr