Un curioso incidente relacionado con la iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica vivió Alejandra Palacios, presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el viernes pasado. Nos comentan que su nombre aparecía en la agenda del Parlamento Abierto organizado por la Cámara de Diputados para debatir el tema de la iniciativa de ley. Sin embargo, Palacios no recibió comunicación alguna sobre su participación en el encuentro donde la voz de la competencia económica parecía más que relevante. Al menos así lo hizo notar Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, quien se dijo sorprendido por la ausencia de la Cofece. Sin embargo, nos reportan que Palacios tendrá oportunidad de presentar hoy su opinión de manera formal ante los legisladores sobre esa propuesta planteada por el Ejecutivo federal

Ajustes controvertidos

Con la controversia constitucional interpuesta en contra de la ley que prohíbe que nadie gane más que el Presidente, nos dicen que en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que tiene como comisionado presidente a Adolfo Cuevas, se aprobó un ajuste de sueldos a todos los funcionarios para 2021. Sin embargo, se trató de un movimiento marginal, acorde con la austeridad republicana. Nos cuentan que el salario más alto, que es el de Cuevas, pasará de una percepción ordinaria total de 143 mil pesos mensuales autorizados en el presupuesto del año pasado, a 143 mil 244 pesos para 2021. En tanto, para el siguiente nivel, que es el de comisionado, pasa de 142 mil pesos al mes en 2020 a 142 mil 242 pesos en el año en curso. Para el nivel más bajo, del personal de enlace, el cambio será de 24 mil 189 a 24 mil 780 pesos.

IP, lejos de vacunas

La iniciativa privada está lejos de importar vacunas contra el Covid-19 por su cuenta. Nos explican que el acuerdo de la Secretaría de Salud del pasado 25 enero que permite a hospitales y clínicas privadas distribuir vacunas a la población se limita a la compra directa a farmacéuticas radicadas en México que importan el medicamento. Pero las vacunas avaladas hasta hoy son con base en autorizaciones de uso de emergencia y no con registros sanitarios para su importación o venta, lo que impide a los particulares darse de alta como distribuidores. Será la Cofepris, de José Alonso Novelo, la que emitirá los criterios y trazabilidad de la vacuna para que los privados puedan importarla. El problema es que no se sabe cuándo ocurrirá eso. Por cierto, nos adelantan que Novelo será sustituido por Alejandro Svarch en los próximos días.

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