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El dictamen que aprobaron los diputados en materia de prisión preventiva oficiosa es un retroceso en la protección de los derechos humanos y la garantía de un debido proceso, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Pidió a los senadores reconsiderar la reforma aprobada en la Cámara de Diputados para no vulnerar el derecho de una persona a tener una sentencia condenatoria previa y evitar que pierda su libertad de manera anticipada.
Ello porque no se consideraron las garantías fundamentales de los ciudadanos al ampliarse el catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa.
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“A pesar de las modificaciones aprobadas en la última sesión, eliminando delitos como el narcomenudeo y la defraudación fiscal, la inclusión de delitos como la extorsión, actividades relacionadas con el fentanilo y otros delitos fiscales, sigue siendo una amenaza contra el principio de presunción de inocencia, aunado a los que ya contemplaba el artículo 19 constitucional”, dijo la Coparmex.
La presunción de inocencia es fundamental en el Estado de derecho y no puede sustituirse por medidas que vulneren el derecho a la inocencia sin una sentencia condenatoria previa, ya que una prisión preventiva es una privación anticipada de la libertad.
El organismo consideró que este esquema de prisión debe usarse en circusntancias excepcionales, porque sin una correcta investigación, insuficiencia de recursos y capacitación de las fiscalías y cuerpos policiales, debilitan el sistema de justicia penal.
desa/mgm
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