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El comisario de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alejandro Javier Rodríguez Miechielsen, reveló la posible simulación en el uso de los testigos sociales en las licitaciones para la contratación de obra pública, bienes y servicios de la empresa de generación de electricidad.

En su informe Evaluación de CFE 2018, enviado a la oficina del presidente, Andrés Manuel López Obrador el pasado 25 de junio, con copia a la Cámara de Diputados, a la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, y al director de la empresa eléctrica estatal, Manuel Bartlett Díaz, el auditor independiente cuestionó esta figura que es utilizada para justificar la transparencia en los procesos de contratación de obras y servicios en la administración pública, a través de una recomendación directa a CFE.

Acusan que la CFE simula candado anticorrupción
Acusan que la CFE simula candado anticorrupción

Sin embargo, en esta empresa “son designados por un subcomité de la propia CFE, con lo cual se es juez y parte en el proceso de designación del fiscalizador”, subraya Rodríguez Miechielsen.

Por ello, recomendó que dicha función la asuma el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios (CAAOS) del Consejo
de Administración.

En todos los procesos de contratación realizados por la empresa el año pasado, se hace referencia a la transparencia con la que se llevan a cabo y con la participación de un testigo social que acredita el proceso de licitación.

Tan sólo en junio de este año, la empresa otorgó a IUSA, presidida por Carlos Peralta Quintero, en la que Raúl Salinas de Gortari —hermano del expresidente Carlos Salinas— es director general adjunto desde hace una década, la porción mayoritaria de un contrato con valor de mil 349 millones de pesos para el suministro de medidores de luz.

La empresa aseguró que “se trató de un proceso público, internacional, transparente y competido. Además, se contó con el acompañamiento de ONG Contraloría Ciudadana para la rendición de Cuentas A.C. como testigo social, la cual supervisó el proceso de evaluación
de las propuestas y el resultado de
la licitación”.

De hecho, en su pagina web el subcomité de Testigos Sociales de la CFE y sus Empresas Productivas Subsidiarias, tiene disponible el Instructivo para el Registro de Testigos Sociales en el Padrón de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, la solicitud de registro y las cédulas de identificación de datos personales para cada una de las personas físicas o morales interesadas en obtener el Registro como Testigos Sociales.

En 2018, la empresa se apoyó en un padrón de 38 testigos sociales, pero todo ellos recibieron el visto bueno de los propios funcionarios de CFE: Ramsés Gaona López, gerente Jurídico de Asuntos Consultivos de la Oficina del Abogado General; Gustavo Varela Ruiz, auditor interno, y Gabriela Wartenweller Pavón, titular de la Unidad de Ética Corporativa, Igualdad y Rendición de Cuentas.

Antecedentes. Lo mismo ocurrió con el anuncio de Comisión Federal de Electricidad para la licitación de 24 proyectos de infraestructura eléctrica y transporte de gas natural, con una inversión estimada de 9
mil 836 millones de dólares, en junio de 2015.

En el evento, el entonces secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell y el director de la CFE, Enrique Ochoa Reza, comentaron que Transparencia Mexicana acompañaría los procesos licitatorios de los ocho gasoductos, de la central geotérmica y de la quinta fase del proyecto de reducción de pérdidas.

De acuerdo con los estados financieros de Transparencia Mexicana correspondientes al periodo 2015-2017, el organismo recibió de la CFE, poco más de 6 millones pesos por varios servicios prestados, bajo la figura de contribuciones por monitoreo, colaboración y acompañamiento de licitaciones para el servicio de transporte de gas natural vía gasoductos, así como para la adquisición de medidores o watthorímetros, entre otros.

En el documento el organismo precisa que desde el 30 de abril de 2014 “cuenta con un convenio de colaboración con CFE, que tiene como objetivo observar de manera sistemática la contratación de servicios, construcción de obra y adquisición de bienes que conforman el sistema eléctrico nacional”.

Deuda abultada. Rodríguez Miechielsen también aprovechó el informe para cuestionar la abultada deuda de los municipios del país por la energía eléctrica consumida y que no ha sido pagada.

Señaló que, a principios de 2019 las alcaldías adeudaban a la CFE 5 mil 595 millones de pesos, “cuestión que erosiona la rentabilidad de la empresa. Por tal razón, es necesario establecer los mecanismos para que no esto no ocurra, y que sean los erarios federal, estatal y municipal, los que asuman dichos costos”.

El 29 de abril de 2016, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la designación de Rodríguez Miechielsen como comisario de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Es ingeniero químico y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene posgrados por instituciones académicas nacionales y del extranjero.

El Artículo 120 de la Ley de la CFE —publicada en 2014 y reglamentaria de la reforma energética—, establece que el comisario debe ser un experto independiente, cuya función será evaluar el desempeño de la referida empresa productiva del Estado, su situación operativa, programática y financiera.

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