La extorsión en Nuevo León

El CIDAC define la extorsión como el delito en el cual el sujeto activo ejerce violencia psicológica en contra del sujeto pasivo al amenazarlo con causarle un daño en alguno de sus bienes jurídicos o a alguna persona vinculada a ella, si se niega a cumplir sus demandas u otorgar determinadas prestaciones.

El estudio financiado por la Comisión de la Unión Europea, Study on Extortion Racketeering the Need for an Instrument to Combat Activities of Organised Crime,  menciona dos tipos de extorsiones recurrentes, la sistémica y la ocasional. “Se trata de una extorsión sistémica cuando dicho fenómeno se encuentra arraigado y distribuido en un territorio. Esto implica que las organizaciones criminales cometen rutinariamente extorsiones, de manera tal que los cobros de derecho de piso o cuotas constituyen una parte sustancial de su negocio. En el caso de las extorsiones ocasionales, el fenómeno es esporádico y no está extendido en el territorio, lo que significa que los grupos delincuenciales no cometen continuamente dicha práctica.”

La extorsión muestra una preocupante tendencia creciente en Nuevo León. Del 2011 al 2014 se incrementó en 518%. Cada año el promedio de denuncias aumenta. En 2012, el promedio mensual era de 16.3, en 2013, 23.8, en 2014, 31.4 y en lo que va de 2015, con datos hasta agosto, el promedio alcanza 40 denuncias por mes.

En febrero de este año se registró el máximo histórico en el Estado con 59 denuncias y no se ve ninguna acción gubernamental seria que contrarreste el problema. Al normalizar por cada 100,000 habitantes, Nuevo León es el 8º Estado con mayor incidencia de este delito a nivel nacional.

En el documento Evolución de la extorsión en México: un análisis estadístico regional (2012-2013), Pérez Morales menciona que en la zona noreste los principales actos de extorsión pertenecen a las siguientes actividades:

1.Extorsión telefónica

2.Ciber extorsión

3.Cobro por derecho de piso: Exigencia de una renta o erogación a cambio de una supuesta protección y no ejercer violencia en contra de la víctima.

El negocio de la extorsión está arraigado en los círculos delincuenciales por lo que se puede considerar como un delito de índole sistémica. Existen múltiples declaraciones por parte de empresarios mencionando el cobro de piso como el principal delito que no se denuncia. Las autoridades anuncian que en caso de que exista extorsión se debe notificar a las autoridades al 089 o 066, sin embargo la desconfianza en las autoridades solamente abona a la cifra negra.

A pesar de que se ha identificado el problema por parte de las autoridades, no se han visto cambios sustanciales que reviertan las tendencias y aún está por verse qué estrategias planteará la nueva administración estatal para hacer frente a este delito.

El problema se intensifica cuando se analizan los resultados arrojados por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014 (ENVIPE) publicada de forma anual por el INEGI. La Encuesta menciona a la extorsión como el delito reportado con más frecuencia en Nuevo León y la cifra negra alcanza la cantidad de 284,058 casos. Este número indica que el número de denuncias no llega al 1%. Si a esto le añadimos que en Nuevo León solamente el 3.5% de las Averiguaciones Previas iniciadas terminan en consigna, la impunidad alrededor de este delito resulta apabullante.

Este delito es considerado como grave en el Código Penal para el Estado de Nuevo León y es uno de los últimos en procesarse de acuerdo a las normas establecidas por el nuevo sistema de justicia penal pues se incluyó hasta abril de 2015.

Además, de acuerdo al Institute for Economics & Peace, en su Índice de Paz México 2014, la extorsión está relacionada con el crimen organizado, pues es este delito, junto con los secuestros y los delitos contra la salud los que conforman su indicador de delincuencia organizada. Inclusive el Procurador del Estado, Javier Flores, exhortó a la ciudadanía a denunciar la extorsión con la Unidad Antisecuestros, lo que levanta sospechas respecto al nexo que existe entre este delito y el secuestro.

Esto significa que la extorsión debe abordarse como un problema crítico para la seguridad en el Estado y medular para hacer frente al crimen organizado.

En agosto de 2013, el entonces Procurador Adrián de la Garza, ahora alcalde electo del municipio de Monterrey, ya hablaba sobre el incremento de la extorsión en Nuevo León. Mencionó que la gran mayoría de estos casos son por llamadas telefónicas provenientes de los penales de Altamira y Santa Martha Acatitla en el centro del país.

En enero de 2014, Jorge Domene, Jefe de la Oficina Ejecutiva del Gobernador y vocero de seguridad en el Estado, también mencionó el incremento de este delito y adjudicó el 70% de los casos como provenientes de dos penales, el de Altamira y el de Matamoros.

A pesar de los cuestionamientos que la sociedad civil ha hecho al gobierno del Estado sobre las acciones llevadas a cabo para contrarrestar esta tendencia y el conocimiento de esta situación por parte de las autoridades, aún no se han podido observar cambios sustanciales para enfrentar la problemática.

Algunas recomendaciones de las autoridades para disminuir la extorsión son la instalación de identificadores de llamadas en los teléfonos de los particulares y no contestar números desconocidos de otras entidades. Se ha instado a la ciudadanía a no proporcionar datos personales a desconocidos y denunciar los casos de extorsión al 066.

Además, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha circulado folletos con la información de números de emergencia como el 066 y el 089 como medios para realizar una denuncia anónima en caso de algunos delitos, entre ellos, la extorsión. La nueva administración deberá formular estrategias más agresivas para revertir la tendencia creciente.

Un paso importante que se debe dar es afrontar la situación penitenciaria en el Estado ya que es conocido que los penales de Nuevo León también son origen de este delito. Se han instalado bloqueadores de señal en las prisiones para evitar que salgan llamadas pero no se conocen los resultados de esta iniciativa. Ingobernabilidad es la palabra que mejor define la situación penitenciaria en el Estado.

Una coordinación efectiva entre las administraciones penitenciarias de diferentes Estados es esencial para disminuir la incidencia de la extorsión. El problema debe enfrentarse con la seriedad que representa un delito grave. Para esto, el análisis de información y la fortaleza institucional resultan imprescindibles.

Bibliografía

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Observatorio Ciudadano de Nuevo León

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