Por Clarissa Veneroso Segura
Esta semana, el gobierno presentó la iniciativa de reforma constitucional que aplaza la elección judicial a 2028. Para algunos llega tarde. Para el sistema electoral del país, llega justo a tiempo.
Quienes señalamos la imposibilidad técnica y operativa de celebrar simultáneamente las elecciones intermedias y la segunda etapa de la elección judicial no pedíamos un favor político: advertíamos sobre un colapso institucional anunciado, documentado, inevitable.
Los números nunca mintieron. Y al final, los números ganaron.
En 2027 México debía renovar los 500 escaños de la Cámara de Diputaciones, 17 gubernaturas, 31 congresos locales y más de mil cargos municipales. A eso se sumaban cinco magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 464 magistraturas de circuito, 386 juzgados de distrito y cientos de cargos judiciales locales en 24 entidades. Todo, en un mismo día.
El argumento oficial para justificar ese empalme era el ahorro de recursos. Nunca fue sostenible. La elección judicial excluye por mandato constitucional la participación de los partidos políticos, lo que hace imposible compartir materiales, personal o infraestructura con los comicios ordinarios. No se podía ahorrar duplicándolo todo.
El caso más elocuente era el de las boletas. Solo los cuatro tipos de elección federal habrían requerido 415 millones de piezas con medidas de seguridad especializadas —sin contar la documentación local, que podía elevar la cifra a cerca de mil millones. No existe proveedor en el mundo con capacidad para producir ese volumen en los plazos y con las especificaciones de seguridad que exige la ley. Un retraso en la imprenta habría derivado, sin escalas, en la imposibilidad de instalar casillas.
El INE habría necesitado además 353 mil casillas espejo, 300 bodegas adicionales —una por cada junta distrital, que hoy dispone de exactamente una— y la capacitación de más de tres millones de ciudadanos solo para la jornada judicial, el doble de lo que sus estructuras pueden absorber. El día de la elección, los sistemas informáticos del instituto habrían enfrentado una saturación sin precedente.
Pero detrás del problema logístico había uno más serio: el ciudadano. Las campañas de diputados, gobernadores y presidentes municipales tienen financiamiento público, cobertura mediática y meses de visibilidad. Los candidatos judiciales, por ley, no pueden recibir recursos para promocionarse. En la práctica, el votante habría llegado a la casilla con cuatro boletas, tomando decisiones sobre jueces y magistrados —las personas que resuelven sus conflictos cotidianos— de quienes apenas habría escuchado el nombre. Un voto sin información no es democracia: es sorteo.
La reforma que se presenta esta semana no es una concesión ni un retroceso. Es el reconocimiento de que gobernar bien exige, a veces, corregir el rumbo antes de que el daño sea irreparable. El Tribunal Electoral, la academia, organizaciones civiles y el propio INE lo señalaron con claridad y con datos. Insistir en la simultaneidad no era una apuesta por la eficiencia: era una apuesta temeraria contra la calidad del voto de millones de mexicanos.
Dicho esto, el tiempo ganado no puede desperdiciarse. Aplazar no es resolver. La reforma judicial de 2024 tiene vacíos que siguen abiertos: no existe un mecanismo robusto que garantice la evaluación real de todos los aspirantes a cargos judiciales, más allá del filtro formal de los comités de postulación. Sin un sistema creíble de valoración de méritos, conocimientos y trayectoria, la elección de 2028 puede convertirse en un concurso de popularidad donde gane quien mejor se venda, no quien mejor juzgue.
El Congreso tiene ahora una oportunidad concreta: usar esta reforma para corregir lo que la prisa de 2024 dejó sin resolver. Eso implica mecanismos de evaluación técnica con carácter vinculante, reglas claras de difusión que acerquen a los candidatos a la ciudadanía y candados que impidan la captura del proceso por intereses ajenos a la justicia. La tormenta perfecta —como algún magistrado electoral la llamó— se evitó. Pero si esta reforma se agota en cambiar una fecha, habremos ganado tiempo únicamente para llegar al mismo precipicio.
Secretaria de Estudio y Cuenta del TEPJF