Por Edith Olivares Ferreto
En medio de la creciente polarización política y de seguridad que atraviesa México, hay un fenómeno que avanza silenciosamente y que merece mayor atención pública: el debilitamiento de las organizaciones de la sociedad civil.
En las últimas semanas, el debate nacional se ha concentrado en temas como la crisis de desapariciones, las reformas en materia de seguridad e inteligencia, la relación con Estados Unidos y la creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones. En todos esos temas hay un actor que históricamente ha documentado abusos, acompañado víctimas, propuesto soluciones y exigido rendición de cuentas: las organizaciones civiles.
Sin embargo, en distintos países de América Latina —y México no es la excepción— las OSC enfrentan cada vez más obstáculos administrativos, fiscales y políticos para operar. Lo preocupante es que muchas de estas medidas se presentan bajo argumentos aparentemente legítimos, como la transparencia, la regulación financiera o la seguridad nacional.
Desde Amnistía Internacional documentamos esta tendencia en el informe Rompiendo el tejido social: el impacto de leyes restrictivas sobre organizaciones de la sociedad civil en las Américas, presentado recientemente en Asunción, Paraguay. El estudio analiza casos de Nicaragua, Venezuela, Paraguay, Perú, El Salvador y Ecuador, donde distintas reformas legales han servido para controlar, restringir o incluso desaparecer organizaciones independientes.
El caso más extremo es Nicaragua, donde más de 5 mil organizaciones fueron cerradas en los últimos años. Pero sería un error pensar que México está exento de señales preocupantes.
En nuestro país no existe una “ley anti-OSC” como tal, pero sí un entorno cada vez más restrictivo. Apenas este año se dio a conocer la cancelación de la calidad de donataria autorizada a decenas de organizaciones civiles, sumándose a medidas similares implementadas en 2025. Para muchas organizaciones, perder esta figura implica quedar prácticamente imposibilitadas para financiar su trabajo.
A ello se suma una creciente carga administrativa y discrecionalidad institucional. Hoy, para renovar su autorización como donataria, muchas OSC deben obtener avales gubernamentales cuyo otorgamiento puede tardar años o simplemente no llegar. El resultado es que equipos enteros terminan destinando tiempo y recursos a sobrevivir burocráticamente, en lugar de atender víctimas, acompañar comunidades o defender derechos.
El problema va mucho más allá de lo fiscal.
Las organizaciones civiles han sido fundamentales para visibilizar algunas de las crisis más profundas del país. Han acompañado a madres buscadoras en medio de la tragedia de las desapariciones; impulsaron la tipificación del feminicidio; promovieron avances en derechos de las personas con discapacidad, de la comunidad LGBTI+ y de los pueblos indígenas; defendieron la transparencia, el acceso a la información y la protección ambiental.
Muchas veces, las OSC llegan a territorios donde el Estado simplemente no está. Por eso preocupa que, además de las restricciones administrativas, persista una narrativa de estigmatización contra la sociedad civil organizada. En distintos países de la región —y también en México— las organizaciones son señaladas como “enemigos”, “grupos de interés”, “agentes extranjeros” o actores con supuestas agendas ocultas. Ese discurso erosiona la confianza pública y normaliza la idea de que cuestionar al poder es sospechoso.
La consecuencia es peligrosa: una democracia con menos contrapesos, menos vigilancia ciudadana y menos capacidad de documentar abusos. No se trata de defender privilegios ni de negar la necesidad de transparencia. Las organizaciones civiles deben rendir cuentas y cumplir obligaciones legales, como cualquier actor que maneje recursos. Pero regular no puede convertirse en asfixiar.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya advirtió recientemente, al analizar reformas similares en la región, que imponer requisitos desproporcionados o ambiguos a las organizaciones puede afectar derechos fundamentales como la libertad de asociación y la libertad de expresión.
México atraviesa un momento delicado. Frente a la crisis de violencia, desapariciones y desconfianza institucional, el país necesita más participación ciudadana, no menos. Necesita organizaciones fuertes, independientes y capaces de acompañar a quienes hoy siguen sin acceso pleno a la justicia.
Debilitar a las OSC no fortalece al Estado. Lo debilita. Porque cuando las organizaciones desaparecen, también desaparecen espacios de acompañamiento para víctimas, redes comunitarias, mecanismos de vigilancia y puentes entre ciudadanía e instituciones.
Las democracias no se erosionan únicamente con grandes rupturas. También se desgastan cuando, poco a poco, se reduce el espacio para la crítica, la participación y la organización social. México todavía está a tiempo de evitar ese camino.
Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional
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