La verdad del escenario fiscal

El gobierno dio a conocer sus estimaciones económicas para 2018, en la cuales anticipa un buen final de la administración desde el punto de vista de su balance fiscal y nivel de deuda. Esa visión, mientras se sostenga como un escenario muy probable entre las calificadoras de riesgo y entidades financieras, va a crear un ambiente positivo, muy diferente del ambiente de hace un año, cuando varios riesgos parecían difíciles de superar. El riesgo es que la mejora fiscal que se muestra no tenga mucho sustento.

La mejora entre 2016 y mediados de 2017 no es nada estructural ni es corrección de fondo en la trayectoria de las finanzas públicas. Lo que redujo el alto déficit fiscal de 2016 de 3.5% del producto interno bruto (PIB) a sólo 1.4% proyectado para 2017, no fue un programa de ajuste como el gobierno lo había hecho en otras ocasiones para corregir el rumbo.

No, en esta ocasión, lo que redujo el déficit fue sobre todo la masiva transferencia de recursos que hizo el Banco de México al gobierno por 1.5% del PIB, además de un fuerte aumento en los precios de la gasolina en enero pasado. Aparte de esto, cualesquiera otras medidas que haya tomado el gobierno fueron de poca monta.

Al no haber cambio de rumbo en la tendencia del gasto público y mucho menos recortes en las estructuras burocráticas y cuando, por el contrario, el gasto electoral se disparó, sobre todo en el Estado de México, el riesgo macroeconómico tenderá a aumentar para la segunda mitad de 2018 o para 2019.

Lo que ocurrió en 2017 fue un arreglo de forma en las cuentas públicas facilitado por el Banco de México. Que no hay corrección en la tendencia queda ahora claro con las proyecciones macroeconómicas para 2018 que el gobierno dio a conocer. Por ejemplo, el costo financiero de la deuda esperado para 2018 es de 664 mil millones de pesos, cuando en 2016 fue de 473 mil millones.

El costo de las participaciones a estados y municipios se espera en 806 mil millones, y en 2016 se pagaron 694 mil millones. En pensiones se estiman 800 mil millones cuando en 2016 se pagaron 649 mil millones.

Y como la inversión pública directa se desplomó en el primer semestre de 2017 a un anualizado de 1.5% del PIB, la presión de aumentarla, sólo para lo esencial del mantenimiento de Pemex, CFE o la infraestructura va a ser muy fuerte, ya sea en 2018 o 2019.

Esto sugiere que las presiones fiscales en 2018 y adelante van a ser extraordinarias, en parte porque a mediados de esta administración, cuando hay posibilidad de tomar un trago amargo y meter el freno, ajustando muchos programas, el ajuste no se hizo.

El hecho de que haya anuncios de recortes en el gasto presupuestal ya dejó de tener significado, pues por años estos recortes no se notaron frente a aumentos efectivos de gasto, sobre todo en 2015 y 2016. Si bien los anuncios de más recortes pueden causar alguna impresión en partes del sector privado, en general los mercados no los van a tomar en cuenta para su formación de expectativas.

El hecho es que en el mediano plazo (entre 2013 y 2016), aparte de los gastos discrecionales y haciendo a un lado la mala calidad del gasto, el gasto en pensiones aumentó 11.5% anualmente en términos nominales, cuando la economía creció 6.6%.

El costo financiero creció 14.6% y las participaciones a estados y municipios lo hicieron en 9.2%, inercia que cada vez quita margen de maniobra para mantener inversiones mínimas. El sector privado no va a hacer las inversiones que deje de hacer el gobierno, salvo en algunos casos excepcionales. La mejora anunciada en 2017 es temporal.