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Contra las carreteras de la ilegalidad

Las décadas recientes estuvieron marcadas por una economía dependiente del favoritismo político, gracias a ello hubo quien acuñó grandes fortunas por encima de la ley
08/07/2019
04:39
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La Hacienda Pública de nuestro país deja de recaudar 510 mil millones de pesos al año por evasión fiscal. Con esta cantidad se podría duplicar el presupuesto anual de la UNAM y quintuplicar el del IPN; también, duplicar lo destinado a ciencia, tecnología e información y triplicar los recursos para protección ambiental, y restarían 300 mil millones de pesos aproximadamente, suficientes para asistir a un mayor número de personas que se encuentran en pobreza y pobreza extrema e inyectar mayores recursos a las corporaciones de seguridad pública.

Quienes deciden defraudar al Estado mexicano obtienen sus ganancias gracias a la infraestructura y los servicios que se pagan a través de la recolección de impuestos de millones de personas que responsablemente cumplimos con nuestras obligaciones. Estas defraudaciones han ocurrido por mucho tiempo, sirviéndose de una gran ingeniería fiscal que, en contubernio con administraciones pasadas, encontraban recovecos legales para poder evadir impuestos y aumentar ganancias.

La evasión fiscal de los grandes contribuyentes no solamente afecta los niveles recaudatorios del Estado, sino que imposibilita una redistribución más justa de los recursos, impidiendo reducir la enorme desigualdad económica que México ha enfrentado por años. Además, lesiona de manera directa la percepción que inversionistas extranjeros tienen sobre el ambiente de negocios en nuestro país, lo que impacta negativamente a miles de empresarias y empresarios que cumplen con su obligación aportando al desarrollo nacional.

Uno de los mecanismos más comunes para poder engañar al Estado ha sido la expedición de facturas falsas, acción que por sí misma ha llevado a miles de factureros a enriquecerse de manera ilícita. Esta línea ilegal de negocios ha representado pérdidas millonarias al erario público. Se estima que de 2014 a la fecha se han emitido 8.8 millones de facturas apócrifas, por un monto de 1.6 billones de pesos. Por ello, es primordial desmantelar ese tipo de mecanismos que hasta ahora han sido utilizados para aumentar la riqueza de unos pocos y sociabilizar las pérdidas entre el resto de la población.

Actualmente, en el Senado de la República estamos impulsando una reforma para castigar penalmente a quienes expidan o enajenen comprobantes fiscales utilizados para deducir operaciones inexistentes o simuladas. Se trata del primer esfuerzo serio para poner fin a una conducta que por años fue tolerada y solapada. La reforma incluirá las previsiones necesarias para asegurar que las y los empresarios honestos que cumplen con sus obligaciones fiscales no tengan incertidumbre que afecte su productividad.

Esta iniciativa se enmarca en el esfuerzo que estamos realizando para disminuir el poder económico de quienes por años se han mantenido en la impunidad, quebrantando al Estado mexicano, y que no se limitará a eliminar los mecanismos mediante los cuales personas deshonestas lograron defraudar a nuestro país, sino que dotarán al gobierno de herramientas para debilitar las estructuras financieras del crimen organizado. Ejemplo de esto último es la aprobación de la reforma a la figura de extinción de dominio, aprobada por el Senado la semana pasada.

La figura de extinción de dominio se incorporó a las leyes mexicanas hace más de 10 años. Desde entonces, se planteó como una herramienta para ayudar a las autoridades a disminuir los flujos financieros de la delincuencia. Sin embargo, los objetivos alcanzados no han sido los esperados.

Por tal razón, esta figura se ha ampliado para poder recuperar también los bienes adquiridos a través de actos de corrupción y por robo de hidrocarburos. Al mismo tiempo, se busca hacer eficiente el proceso de extinción de dominio, generando normas claras que permitan un procedimiento expedito y simplificado, con la finalidad de obtener resultados que estén protegidos por un marco legal a prueba de amparos.

Quienes día con día trabajamos de manera honesta no podemos seguir pagando los costos generados por la corrupción, los crímenes de cuello blanco y la delincuencia organizada. Los millones de personas que se encuentran en pobreza extrema no deben seguir sufriendo a costa del enriquecimiento de unos pocos que deciden no retribuir todas las facilidades otorgadas por el Estado.

Las décadas recientes en la historia de nuestro país estuvieron marcadas por una economía dependiente del favoritismo político, gracias a lo cual hubo quien acuñó grandes fortunas operando por encima de la ley; éstas no existirían si no fuera por la simbiosis entre el poder económico y el poder político que por años fue la norma.

Así fue como heredamos un país catalogado como el más corrupto y con la menor recaudación fiscal de la OCDE. Cambiar esa realidad requiere atacar y desmantelar las complejas redes mediante las cuales los grupos que viven en la ilegalidad han obtenido un poder económico exorbitante, lo cual complementará las acciones realizadas por el Ejecutivo federal para prevenir y combatir los delitos y facilitará una transición hacia el país más justo y seguro que buscamos construir quienes participamos en la Cuarta Transformación de México.

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