Raíces de la corrupción

Porfirio Muñoz Ledo

No existe duda en el país y en el mundo de que el mal endémico que ha socavado a la República es la corrupción. Rubro en el que somos campeones mundiales. Una clase política hipócrita e inmoral ha querido atribuirle a dicho fenómeno un carácter “cultural”. Se trata de una secuencia histórica que nos acompaña desde el establecimiento de la Colonia y que se ha reforzado a través del tiempo. Desde la llegada del virrey Antonio de Mendoza en 1535, se estableció en la Nueva España el régimen de la dinastía de los Austrias, que gobernaron a sus colonias bajo dos principios fundamentales: el particularismo indiano y el sistema conciliar.

El primero consistía en delegar amplias facultades a los virreyes —que concentraban casi tantos poderes como los presidentes mexicanos—. Ni un centavo gastaba la Corona Española en mantener a las autoridades coloniales, porque la riqueza estaba aquí y la exacción consistía en el envío de la quinta parte de las riquezas recaudadas en nuestro continente al rey de España. El régimen conciliar implicaba ordenamientos de carácter general, habida cuenta de la total ignorancia metropolitana respecto de Las Indias. Ello otorgaba amplia discrecionalidad a los funcionarios españoles para aplicar las recomendaciones. El famoso “acátese, pero no se cumpla”. Hernán Cortés los había mal acostumbrado enviando a Carlos V todos los regalos posibles para que éste admitiera el régimen medieval y tolerara el botín de los conquistadores.

El sistema implantado, prevaleciente hasta ahora, consistía en robustecer a la cabeza del virreinato permitiéndole enriquecerse, pero sometiéndolo a una autoridad superior. De ahí el juicio de residencia y el arraigo en Veracruz. La corrupción aceptada como método de control político, de premiación o de castigo. Así ha prevalecido a través de los siglos en todos los niveles del sistema político. El que está arriba permite robar al de abajo con tal de que le entregue su cuota. Así funciona todavía el régimen mexicano, que no es esencialmente distinto al de los narcotraficantes, sólo que registra menos entierros.

Tiene razón AMLO en que “las escaleras se barren de arriba para abajo”. Esto opera cuando hay una decisión de honestidad en las más altas esferas del gobierno. Sin embargo, tiene como su adversaria pétrea a la pirámide de cacicazgos que se reproduce en el país.

Se pueden exigir conductas correctas a los funcionarios de todos los órganos del gobierno federal e incluso prolongarlas a las autoridades locales con base en victorias electorales consecuentes y una nueva moralidad pública. Lo que se olvida es que también hay un fenómeno de abajo para arriba. Los actores que confluyen en la corrupción son innumerables: líderes empresariales, sindicales, estatales, locales y aventureros de toda laya. Acierta Ignacio Marván sobre el fracaso de los intentos de modernización del país. Desde la instauración del régimen de los Borbones en 1701 hasta la imposibilidad de estructurar políticamente la Constitución de Cádiz y la inconsecuencia del “porfirismo” con los avances éticos del “juarismo”, el país ha sido víctima de sus estigmas históricos.

México no ha acertado en crear un Estado moderno capaz de resolver estos traumas en el horizonte de la globalidad. El mínimo que se requeriría es la implantación de un genuino Estado de Derecho derivado de un nuevo consenso nacional. Se oponen herencias ancestrales, pero, como profetizó Rodolfo Stavenhagen, se trata de la reconstrucción de un solo ser nacional inevitable, porque todos los pueblos y segmentos de la sociedad están inevitablemente interrelacionados. El problema reside en la permanencia de los fenómenos de dominación. Durante años se consideró que el mestizaje era clave de la igualdad —la Raza Cósmica—. Nada más falso: la nación es unitaria y diversa; comprende comunidades, regiones, lenguas, géneros, clases sociales y hasta extranjeros disfrazados de nacionales.

Lo que proponen las fuerzas progresistas del país —que se han convertido en una abrumadora mayoría social— es la reconstrucción del Estado en el marco de una democracia social que nos comprenda y nos exprese a todos. La redefinición del interés nacional que abarque al conjunto de los mexicanos. Un nuevo Pacto Social incluyente que se comprometa con la defensa de la soberanía nacional.

Comisionado para la reforma
política de la Ciudad de México

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