Estado de sitio

Hace poco Peña Nieto afirmó, en referencia al extendido fenómeno de la corrupción: “el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra”. Con ello desestimaba los valores morales del país y la conducta honesta de millones de mexicanos. Con motivo de la promulgación de la Ley de Seguridad Interior, prueba su actitud tramposa al tirar la piedra y esconder la mano. En efecto, el Ejecutivo, debido a los compromisos de seguridad exigidos por el gobierno norteamericano y a la presión de las Fuerzas Armadas, ha hecho todo lo posible para que esta norma sea aprobada. Primero, fue el autor de la iniciativa y enseguida forzó su aprobación en el Congreso a través del PRI, los aliados orgánicos y los “insurgentes calderonistas”; después la promulgó sin observaciones. Ahora afirma que la constitucionalidad de la ley será juzgada por la Corte, lo que no puede evitar, pero tratará de incidir en la decisión mediante la presión pública y el margen de manipulación del que disponga en el Supremo Tribunal.

Se intenta, a través de procedimientos sofisticados, una burda legitimación política de las dos últimas administraciones que optaron por la militarización del país, en vez de un cambio racional de políticas en el combate al crimen organizado. Han pretendido manipular, incluso, el mandato del artículo 73 de la Constitución que faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad nacional y no de seguridad interior, argumentando que la segunda es parte de la primera. Ello representa una violación a la letra y al espíritu de la ley.

Por añadidura, el artículo 129 constitucional establece que en tiempos de paz, “ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Fue la interpretación de la Suprema Corte en su tesis P. J./38/2000, la que permitió que las Fuerzas Armadas colaboraran de “manera auxiliar” en la labores de seguridad pública. No obstante, en la tesis P. J./34/2000 estableció que esas labores de auxilio “no pueden considerarse amplias ni extensas, ya que ello conllevaría en atropello de las garantías individuales”. Además, el artículo séptimo de la ley, omite la obligación de respetar y promover los derechos humanos, como si el mandato del artículo primero constitucional fuese optativo y el Ejército y la Marina pudiesen, al amparo de una ley secundaria, sustraerse a tal obligación.

Esa ley no prevé control alguno sobre el Ejecutivo para movilizar a las Fuerzas Armadas bajo el principio de rendición de cuentas, lo que configura un Estado de excepción. Libera explícitamente al Ejército de cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Dicho ordenamiento supedita la acción de las autoridades civiles al mando castrense, ignora la existencia de sistemas nacionales de coordinación entre niveles de gobierno, lo que incluye a la Conferencia Nacional de Gobernadores. Las facultades otorgadas al Presidente en el artículo 16 para “desplegar las Fuerzas Armadas en casos de emergencia”, aunque no esté lista la declaratoria, es una patente de corso para decretar el Estado de sitio cuando le parezca. Para colmo los actos administrativos previstos por la ley no son impugnables: la consagración de la impunidad que vuelve amenazante el fuero militar y dota a la autoridad castrense de funciones ejecutivas y judiciales.

Muchos de estos extravíos se relacionan con la sucesión presidencial de 2018. Podría pensarse que tienen dedicatoria y que su objetivo es evitar un profundo cambio político en el país. La laxitud de la norma permitiría desatar la violencia contra la protesta social provocada por un fraude electoral masivo. Es respetable la posición adoptada por el candidato de Morena en el sentido de que no aplicará esa norma, ni ordenará nunca reprimir al pueblo. Sin embargo, las leyes inconstitucionales no deberían ser avaladas por los actores políticos responsables. El peligro reside en que podrían ser utilizadas para impedir que llegue al poder alguno de ellos. La red de intereses que pretende seguir gobernando a México parece haber contaminado al Ejército. Eso es lo más grave.

Comisionado para la reforma
política de la Ciudad de México