Tengo desde hace muchos años una posición sobre las relaciones entre México y los Estados Unidos, distinta a la que hoy determina la Cancillería mexicana. Siempre me he opuesto a la contradicción entre las apariencias diplomáticas que enseñan el músculo para disfrazar la dependencia creciente de nuestro gobierno por debajo del agua. Debo decir que la vinculación entre los dos pueblos es excepcionalmente rica y prometedora. La influencia de las comunidades mexicanas y mexicoamericanas en las políticas de ese país han sido un factor importante en la toma de decisiones de nuestro vecino del norte. Desgraciadamente hace tiempo que no coordinamos nuestras propias actividades con la de nuestros compatriotas para incrementar la influencia mexicana en todas las esferas de la Unión Americana.

Acabo de recibir un informe sobre las 179 ciudades santuario en los Estados Unidos, establecidas precisamente para compensar la legislación federal que perjudique a los migrantes en ese país. Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Nueva York y San Francisco garantizaron el pasado lunes que sus departamentos de Policía no participaran en los operativos oficiales del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE); establecieron líneas telefónicas para reportar redadas y brindar ayuda a los migrantes, crearon un fondo para representación judicial y planes de emergencia ante la separación forzada de familias y la designación de cuidadores de menores que permanezcan en los Estados Unidos. Un plan conjunto denominado “Siempre seremos ciudades santuario”.

Asociaciones civiles como la American Civil Rights Movement, formada por Martin Luther King; la Unión de Bufetes Legales en Defensa de los Migrantes; los judíos, episcopales, bautistas, luteranos, católicos, presbiterianos, metodistas, budistas e islámicos; así como universidades públicas y privadas se definieron como la New Sanctuary Coalition. Sus acciones son claras: la difusión masiva de mapas de templos, escuelas y casas erigidas en refugio y el programa de respuesta rápida de menores migrantes y la reunificación familiar. Por su parte, la red de mexicanos en los Estados Unidos ha lanzado una voz de alerta contra las detenciones ilegales y promueven una reforma migratoria “acorde a la nueva realidad del mercado internacional de la mano de obra y la movilidad humana”. The National Council of La Raza y The Mexican American Legal Defense han declarado la guerra a las políticas migratorias de Trump —con la complicidad de la cancillería mexicana— que han emprendido en contra de migrantes centroamericanos y mexicanos. Su demanda es: “consagrar el derecho a la educación de los migrantes, su acceso a la justicia, reconocimiento de sus conquistas laborales, pero sobre todo el derecho a migrar, al asilo y al refugio”.

El Parlamento Europeo expresó ya su profunda preocupación por la negación del derecho humano a migrar, como lo estipula el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967; demanda la anulación de las políticas que se limitan a detectar, detener y deportar a los migrantes en situación irregular. Considera que el ejército no es instrumento adecuado para abordar estas cuestiones y señala que la situación en la frontera deba ser abordada por organismos internacionales y especialistas que hayan recibido una formación adecuada.

México ha luchado durante más de 60 años por el derecho a la migración y nuestra Constitución categóricamente dice “toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella y viajar por su territorio”. Extraña que nuestra cancillería haya decidido acatar los twitters del señor Trump y carezca de la sensibilidad para comprender la relación verdadera que teníamos entre los pueblos y autoridades de México y los Estados Unidos. Pienso que es una falla de la columna vertebral y de una humillación no pedida. En mi experiencia como funcionario y diplomático mexicano jamás pensé que pudiéramos transitar de una relación bilateral digna a una subordinación colonial.


Presidente de la Cámarade Diputados

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