Los sucesos ocurridos en la frontera sur de México y aquellos tan vergonzosos que se desarrollan en Tijuana, han generado inmensas confusiones respecto de la naturaleza de esos fenómenos y sus implicaciones jurídicas. Una cosa es la migración, otra el refugio y una distinta el asilo político. Denominar sólo como migrantes a quienes buscan el cobijo de nuestro país y enseguida el ingreso a Estados Unidos por razones humanitarias es un error. Estas personas son, en rigor, refugiadas. Serían asilados si nuestro país les otorgara protección por razones políticas; los casos paradigmáticos de personalidades provenientes de la Guerra Civil Española o de la implantación de la dictadura en Chile.

La migración está definida como el fenómeno por el que “algunas personas dejan su lugar de residencia para establecerse en otro país o región”. Ésta ha ocurrido desde los orígenes de la humanidad: fue la causa del poblamiento mundial y la cuna de las nacionalidades. Mientras que en el pasado se facilitaban estos éxodos hacia comarcas poco habitadas —a pesar de los conflictos étnicos o religiosos que pudieran producirse—, hoy se ha declarado la hostilidad e, incluso, la persecución principalmente contra quienes provienen del sur o de países menos desarrollados. Esta actitud es contradictoria con la globalización que conlleva la movilidad de todos los factores económicos, incluyendo la mano de obra. Lo paradójico de este proceso es que se desplazan bienes, servicios y capitales al tiempo que se combate el libre tránsito de los seres humanos.

El derecho a migrar está consagrado en documentos esenciales de Naciones Unidas, comenzando por el Pacto de Derechos Económicos y Sociales, el cual estipula que “toda persona tendrá el derecho de salir libremente de cualquier país, incluso del propio”. Correlativamente prescribe que “deben crearse las condiciones económicas para que las personas puedan permanecer en sus países”. En suma, los instrumentos internacionales consagran tanto el derecho a migrar como el derecho a no migrar.

Durante decenios la diplomacia mexicana militó resueltamente a favor de estos derechos y promovió incluso en los años ochentas la Convención Internacional sobre Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares. Se rehusó a aplicarla en territorio propio, debido en gran parte a los temores sobre la porosidad de nuestra frontera sur y al compromiso establecido con Estados Unidos en el sentido de “sellar el tránsito centroamericano ante la imposibilidad de obturar la frontera norte”. La actitud del gobierno mexicano es un ejemplo inmejorable del doble lenguaje.

El refugio es una modalidad de la migración en que los países conceden protección y permiten recibir en ellos a personas que tiene fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, minoría nacional u opinión política. Así lo señalan la Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, que fueron ratificados por México hasta el año 2000. En 2011 promulgamos la Ley sobre Refugiados y Protección complementaria que desgraciadamente concede a las autoridades mexicanas la prerrogativa de averiguar en cada caso las causas de expulsión de los solicitantes de refugio, lo que es imposible y contrario a los principios del Derecho Internacional. Para atender las fallas de los Estados nacionales e incluir a los perseguidos en sus propios países se han creado las ciudades santuario sobre todo en Norteamérica y en la Constitución de la Ciudad de México determinamos su carácter de Ciudad Refugio.

Frente a estos avances la actitud servil de nuestro gobierno respecto a la caravana centroamericana resalta su determinación de hacerle el trabajo sucio a Washington. Pareciera el crimen perfecto. Nada mejor para Trump que las migraciones del sur sean detenidas en México. Le damos la razón en sus despropósitos y le evitamos financiar costosos muros a cambio de nuestras irrisorias barditas. Cuando su primera elección le hicimos un favor consistente. Ahora le ofrecemos un regalo gratuito sin reciprocidad alguna. Hay muchos cabos sueltos que se debieran investigar, por ejemplo: los promotores y financieros de este desplazamiento, entre los cuales se han descubierto varias organizaciones norteamericanas. Expresión manifiesta del corrimiento de fronteras.

Presidente de la Cámara de Diputados

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