Totoaba. La disputa por la plaza “narcobuchera”

Baja California y Sonora

Matorrales verdes, grises y dorados se esparcen en un cuerpo seco. Son los lunares adheridos a curvas seductoras de arena sonorense. Es un camino desértico que conduce a las minas marinas más codiciadas en las últimas décadas por el tráfico internacional de fauna silvestre: el golfo de Santa Clara, en San Luis Río Colorado, donde se distribuye la totoaba macdonaldi en sus aguas mansas.

Dos kilómetros antes de llegar, nos bajamos en la carretera ardiente; desde ahí se observa una línea azul, es el Alto Golfo de California, parte del polígono donde viven alrededor de 57 vaquitas marinas, según el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita Marina, el único cetáceo mexicano.

En el día la costa tiene poco movimiento, con algunos turistas en medio de pesquerías declaradas en bancarrota a partir de que el gobierno federal instauró una veda temporal de dos años en abril de 2015. “Esa era de mis abuelos”, dice Hilda Somoza, una lideresa de Santa Clara, mientras señala un establecimiento desolado.

Desde hace una década escaló de nivel este contrabando. Los cadáveres pudriéndose de miles de totoabas son arrastrados por la marea y quedan varados en las orillas. Todavía sucede. Aparecen despojadas de su vejiga natatoria, un órgano que les permite flotar y es devorado por la élite china, según Enviromental Defense Fund (EDF). El llamado oro azul.

Martín Lucio Monroy y José Duarte, de 62 y 86 años, son pescadores tradicionales que vieron nacer este pueblo semejante a los escenarios del escritor Juan Rulfo, en los que se respira el olvido. “La pesca la pervirtieron los narcobucheros”, dicen al tiempo que relatan que el pez era parte de la dieta cotidiana desde su niñez. “Nos comíamos todo, cachete, garganta…”.

Este territorio fue testigo en los últimos años de las peleas de los narcobucheros. En marzo pasado, policías municipales intercambiaron balazos con José Armenta, El Pepe, un traficante, porque no quiso pagar un soborno, de acuerdo con el semanario Zeta. En ese mismo mes, un michoacano de 22 años huyó del pueblo cuando la mafia le dio un machetazo por estar en su zona, según pescadores consultados.

Pero hay algo más. Las presuntas ligaduras del Cártel de Sinaloa con empresarios chinos. “Son los chinaloenses”, dice un inspector de la Profepa. Samuel Gallardo, alias El Sammy, era uno de los enlaces, así lo confirman pescadores que trabajaron para sus pangas y otros negocios. En 2014 fue asesinado a balazos.

Gallardo era el Robin Hood de Santa Clara. “En tiempo malo, él repartía despensas a la gente de las orillas y a pescadores. Siempre alivianó al pueblo. A mí me tocó trabajar en sus pangas limpiando pescado”, cuenta uno de sus ex trabajadores. La Profepa y PGR negaron —vía transparencia— la relación de cárteles de la droga.

En Santa Clara existen tres clases sociales: los caciques, los narcobucheros y los pescadores. Los primeros dos con lujosas casas en medio de la miseria edificada con pedazos de madera podrida. Los pescadores a veces duermen en sus patios por el calor, ponen una sábana encima para no amanecer con el sereno (una brisa costera) en el rostro. Les cuesta mucho dinero la refrigeración.

En la ruta narcobuchera, éste fue el primer punto. Después bordeamos a la Bahía de San Felipe y de ahí a Mexicali-Tijuana-Ensenada. Es el recorrido de los traficantes hacia aeropuertos internacionales, garitas de Estados Unidos o cruceros en el Pacífico, según oficios de Profepa. La dimensión del ilícito: casi 300 millones de pesos en decomisos en los últimos 16 años.

San Felipe, zona roja

A la salida de Santa Clara, la Marina Armada baja a los pasajeros. Meten los equipajes en los escáneres mientras revisan el camión. Aun así estos retenes son burlados o corrompidos.

En un tramo de casi tres horas seguimos hacia San Felipe, Baja California, en medio de playas vírgenes puestas en venta. Entre montañas y un ambiente húmedo, desde los años 40 este lugar se hizo un embarcadero, de acuerdo con el libro Pesquería globalizada, coordinado por Salvador Galindo.

San Felipe es una localidad usada por los chinos para pescar la totoaba desde principios del siglo pasado, según el historiador Ernesto Sosa: lo hacían en sus ratos libres los orientales contratados como mano de obra barata por la empresa ferroviaria Chinesca. “Para que los atrapen [a los traficantes], más bien se está dando [la pesca ilegal] por San Felipe”, dice el ex presidente municipal de San Luis Río Colorado y ahora regidor, el doctor Jorge Figueroa.

Aquí la plaza está caliente y no por drogas, sino por las entrañas de la totoaba. Los enfrentamientos se desataron entre diversos grupos dedicados a ese ilícito, comenta Ramón Franco, líder de la Federación de Cooperativas Ribereñas Andrés Rubio Castro.

“No anden preguntando así del buche”, advierte un taxista, quien narra que a los narcobucheros se les ve en sus autos y en casas lujosas, igual que en Santa Clara.

El precio de los buches va de los 500 a los 20 mil dólares, según estimaciones de autoridades, académicos, organizaciones y pescadores. Los totoaberos reciben de 250 a 300 dólares con tripulaciones de tres personas. “Se debe considerar que la estimación es diversa y dependerá del estado de conservación del producto y el precio en que fluctúe en el mercado negro al momento del aseguramiento”, indica el oficio de Profepa número 1613100029216.

Los pescadores son quienes menos dinero reciben y a la vez son los más capturados por las autoridades. Los más beneficiados son los intermediarios y empresas como la del chino de Kaven Company que consignó la Corte Federal Sur de California.

México no ha aprehendido a empresarios involucrados o cadenas de altos funcionarios —salvo por corrupción de sus empleados—, de acuerdo con una revisión de boletines, motivo por el que cesaron a dos en junio de 2015. Para la embajada de Estados Unidos en México, una acción fundamental es que los detenidos por estos casos sean procesados.

Sunshine Rodríguez, presidente de la Federación de Cooperativas Ribereñas de San Felipe, cuenta cómo el furor por la totoaba hizo que capitanes abandonaran sus puestos. Para él, “la veda aumentó la ilegalidad de la totoaba”, porque los traficantes siguen operando a pesar de la vigilancia de marinos. Lorenzo García, otro miembro de la organización, se queja de que el programa de apoyo a pescadores no alcanza, puesto que no incluye gastos de salud ni de educación. “No nos van a sacar del mar”, advierte.

Fuentes de la Profepa y pescadores de San Felipe confirman que desde hace meses se entregó a la dependencia federal una lista con los traficantes más importantes, pero no ha hecho nada. Por lo peligroso que es San Felo, como le dicen en el pueblo, cuentan inspectores que aquí está el Cisen. “Chocamos con ellos”, dicen.

Profepa, Semar y PGR no respondieron a una solicitud de entrevista.

Durante la ruta, un convoy de la Marina nos retuvo para increparnos: “¿Para qué toman fotos si saben cómo está lo de la totoaba? Tienen que pedir permiso”. Los pescadores testigos mencionan que algunos marinos están involucrados. Un inspector de la Profepa narra lo que presenció en 2010, cuando la Semar aseguró un cargamento de totoaba. “No salió nada al día siguiente en la prensa”, dice.

Autoridades “se tapan los ojos”

En el Valle de Mexicali, Hilda Hurtado, líder de la etnia cucapá, nos recibe en una tarde calurosa entre ventiscas de polvo. Es una de las pocas culturas bajacalifornianas vivas. “Por el indiviso los hemos visto [a traficantes]. Aquí ni se para la Marina. Pero son peligrosos, no podemos hacer nada”, cuenta. Los cucapás son acosados a pesar de sus usos y costumbres. Integrantes fueron detenidos en 2010 y 2012.

Para llegar ahí se puede ver el río Colorado estancado, lodoso y con algunas aves sobrevolando. Este pueblo vive de la pesca desde tiempos ancestrales. “Nosotros qué culpa tenemos de los totoaberos”, dice.

El clima en Mexicali es feroz. Alcanzó por aquellos días 48 grados. Así nos encaminamos a Tijuana, a través de La Rumorosa. Ahí el retén de la Semar genera una larga fila de tránsito porque revisa los vehículos uno por uno, en especial los tráileres.

Eso no importa, los han burlado un sinfín de ocasiones. La prueba es cuando los detienen en las líneas fronterizas los agentes estadounidenses; es decir, lejos de los escáneres de la Marina y de cualquier policía. Un agente de aduanas dice que los estadounidenses no confían en los funcionarios mexicanos en las garitas de Caléxico y San Diego.

En este tramo dos traficantes fueron detenidos en marzo de este año. Tijuana tiene una de las rutas aéreas más relevantes. El oficio 1613100029216 de la Profepa lo reconoce como uno de los principales puntos, al igual que la Ciudad de México. “La clave está en los vuelos que salen a las dos de la mañana hacia Shanghái. No son revisados”, dice un ex inspector.

Hacia el sur, con una brisa fresca del Pacífico, se encuentra Ensenada, uno de los puntos más rojos del tráfico de animales junto con Tijuana, de acuerdo con el documento interno Información general Profepa. Desde aquí pueden salir barcos hacia Estados Unidos y de ahí al continente asiático. En el mercado negro de Ensenada es posible conseguir filete de totoaba, asegura un hotelero.

Aquí también existe un criadero de ese pez. Está en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), en Ensenada, y es una de las opciones para repoblar esta especie, proyecto a cargo del doctor en Ciencias, Conal David True. En su laboratorio colaboran con el gobierno federal para medir el ilícito mediante el análisis de los buches asegurados. No tiene un estimado, pero asegura que es frecuente. “El problema es el valor que tiene en el mercado”, dice.

En esa ruta, la palabra totoaba pasó a ser igual de llamativa que droga. El oro azul está en boca de todos. Mientras cae el atardecer en Santa Clara, varios pescadores se reúnen para compartir una discada, una especie de comal donde cocinan una machaca de curvina. “Viven una vida privada del pueblo”, comentan sobre los traficantes. Los golfeños saben quiénes son los narcobucheros, los ven y los escuchan en las noches… excepto las autoridades.