12 | DIC | 2019

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En su casa de Tauri, en Ecuador, Margarita Chimborazo, madre de Telmo Leonidas Yupa, muestra las dos únicas fotos que tiene de su hijo asesinado en Tamaulipas (CONCEPCIÓN PERALTA)

Masacre San Fernando: 5 años de impunidad

24/08/2015
03:00
Azogues, Ecuador
CONCEPCIÓN PERALTA
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PGR aún no tiene culpables por la matanza de 72 inmigrantes. Ecuador responsabilizó sólo a 2 "coyotes" por el delito de trata

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José Arcesio Vásquez Marín se hacía llamar Carlos. A su casa en la ciudad de Cuenca llegaban tantas personas que las reuniones parecían mítines políticos. A todos los sentaba en el enorme patio de una de sus propiedades, mientras él y sus cinco secretarias contaban montones de billetes, los cuales depositaban en una caja en el centro de la casa.

Cuenca es la ciudad principal de la provincia de Azuay, en el sur de Ecuador. Es una región eminentemente rural que junto con la vecina Cañar representan el principal punto de origen de los migrantes que abandonan el país en busca de una mejor vida. La mayoría se va al norte, a Estados Unidos. Y muchos emprendieron camino con Carlos, quien, según el fiscal general de Cañar, Romero Gárate, ha sido el mayor traficante de personas de Ecuador.

“Era el más grande ‘coyote’ que ha tenido el país. Llevó al exterior a miles de ecuatorianos. A miles”, recuerda el hombre que lo atrapó en agosto de 2012.

Arcesio es famoso por “coyote” y porque entre sus clientes se cuenta a Fredy Lala Pomavilla, de 18 años, y a Telmo Leonidas Yupa Chimborazo, de 17. El primero es uno de los sobrevivientes del asesinato de 72 personas en un rancho de San Fernando, Tamaulipas, en el noreste de México, el 22 de agosto de 2010, aunque la Marina lo dio a conocer el 24. Telmo, en cambio, murió asesinado junto con otros cuatro ecuatorianos.

El caso provocó el encarcelamiento de Arcesio, casi dos años después de la matanza. De poco sirvieron sus alianzas y las montañas de billetes que juntaba en cada reunión con sus clientes.

Romero Gárate, quien es fiscal desde 2007, señala que el traficante de personas amasó una fortuna inmensa y tenía propiedades en casi todo el país. Era famoso, pero “nadie le había seguido un juicio penal”.

La peor masacre desde 1911

En San Fernando murieron migrantes de Ecuador, Brasil, Honduras, El Salvador, Guatemala e India. Es la peor masacre de indocumentados en Latinoamérica desde 1911, cuando 300 chinos fueron asesinados en Torreón, Coahuila.

Las autoridades mexicanas culparon al cártel de Los Zetas y apresaron a varios de sus líderes acusados de la masacre. Pero el único país que responsabilizó a quienes traficaron a sus ciudadanos fue Ecuador.

Uno de esos traficantes es Vásquez Marín. La historia de su captura comenzó el mismo día en que se supo de la masacre en San Fernando.

“Si son migrantes, debe existir gente de mi país y de mi provincia”, pensó el fiscal Gárate. Escuchó entonces que uno de los sobrevivientes era de Ecuador y se apellidaba Lala Pomavilla. La inquietud aumentó. Eran apellidos muy comunes en su zona, la provincia de Cañar.

“Inmediatamente monté un equipo de investigación, puse a trabajar a cuatro fiscales, como nunca”, dice Gárate. Pero para cuando el equipo llegó a casa de Fredy, la familia ya había recibido amenazas del “coyote” y se negaba a aportar información. Primero les ofreció terrenos, una casa y un carro para que no lo delataran. Pero luego pasó a las amenazas de muerte, dijo meses después Alejandro Lala, padre de Fredy.

Detrás del silencio no estaban sólo las amenazas. La misma familia Lala estaba vinculada con la migración irregular hacia el norte, por eso se calló un tiempo. “Al final, Fredy habló y con esos elementos lo acusamos”, relata Gárate.

El gobierno de Ecuador responsabilizó a José Arcesio de tráfico ilegal de personas. Lo colocó en la lista de los más buscados de esa nación. Era el número 8. “Pero estábamos frente a uno de los “ coyotes ” más poderosos del país, que tenía ramificaciones en todas partes”, dice el fiscal.

Aprehenderlo no fue sencillo. Confiado en su poder corruptor, Vásquez Marín se paseaba por la ciudad de Cuenca, incluso se atrevió a llamar en la madrugada a la casa del fiscal para amenazarlo. En los medios empezaban a decirle “El Fantasma”. Cuando Gárate se dio cuenta de que la Policía local no quería atraparlo, se fue a Quito a hablar con el ministro del Interior. Salió de la oficina con una orden superior para detenerlo.

El fiscal acepta que asumió la captura del mayor traficante de personas de Ecuador como un asunto personal, ya que se atrevió a amenazarlo y porque en sus 20 años de carrera ha visto el daño de la migración en sus comunidades.

Le enoja que “coyotes” y “chulqueros”, como llaman a agiotistas, hayan operado sin problemas por décadas. “Se llegó a difundir la propaganda del “coyote” ofreciendo sus servicios en instancias públicas. Impunidad total”, cuenta.

Intento de fuga

Pese a la red de corrupción que lo protegía, la captura de José Arcesio se logró el 1 de agosto de 2012, en el cantón de Pasaje en la provincia sureña del Oro, también de altos índices migratorios, tras infinidad de horas hombres, tecnología y recursos que llegaron desde Quito.

El arresto ocurrió, sobre todo, porque unos policías honestos rechazaron un ofrecimiento de 250 mil dólares para dejarlo escapar.

José Arcesio intentó fugarse de la cárcel del Tambo, en Cañar, pero la Fiscalía supo del plan y lo trasladó al penal de máxima seguridad de Guayaquil, donde actualmente se encuentra.

El 21 de octubre de 2012 fue hallado culpable de tráfico ilegal de personas con el agravante de lesiones. “Comprobamos que Fredy sufrió lesiones físicas y sicológicas. En un principio fue sentenciado a 12 años de cárcel, la pena máxima por ese delito”, comenta el fiscal.

En la audiencia, el médico Miguel Méndez testificó que Fredy Lala recibió un impacto de bala en el cuello y otro en el pómulo derecho, además de sufrir secuelas sicológicas permanentes. Como pruebas fueron presentados los registros de llamadas del celular de Vásquez Marín, depósitos bancarios a su favor y el rastro de los movimientos migratorios de Fredy Lala.

El juez de este caso ordenó una indemnización de ocho mil dólares, sin embargo, la familia no la ha podido cobrar porque no hay propiedades a nombre de Arcesio, señala la abogada Andrea Ledezma.

La sentencia aumentó a 16 años cuando se comprobó que él fue el “coyote” que también enganchó a Telmo Leonidas Yupa Chimborazo, a quien llevó con engaños, porque a su madre le dijo que no pagarían nada hasta que él estuviera en Los Ángeles.

Margarita Chimborazo, madre del adolescente, reconoció a Arcesio —quien para ella todo el tiempo fue Carlos—, sin asomo de duda, cuando se lo presentaron a través de la cámara de Gesell. Dijo que el traficante fue a su casa, un recóndito lugar en el poblado de Tauri, a amenazarla y obligarla a pagar dos mil dólares de adelanto para sacar a Telmo de Guatemala.

En su denuncia ante el juez, Margarita relató, según consta en el expediente del caso: “Cuando sucedió la masacre en Tamaulipas, Lourdes, esposa de José Vásquez, llamó telefónicamente al padre de Telmo para comunicarle que su hijo había fallecido y que no era culpa de ellos, que le iban a entregar su cuerpo, corriendo ellos con los gastos y manifestándole al padre del fallecido que cuánto más quiere de dinero para darle, para que dicha situación quede allí nomás…”, señala el documento.

Arcesio también es enjuiciado por lavado de dinero, e incluso en 2013 la policía cateó 16 propiedades que se le atribuyen al traficante. Entre éstas aparecen los hoteles Vásquez Inn, Chola Cuencana y San José, en el centro de Cuenca.

La policía buscaba documentos que justificaran el incremento patrimonial del “coyote”, a quien todavía se le llama “presuntamente el mayor traficante de seres humanos de Ecuador”, aunque hasta la fecha no se le ha podido decomisar nada porque sus propiedades, al parecer, están a nombre de otras personas.

Investigación en México, sin resultados

En Ecuador fue difícil explicar que la sentencia al traficante de personas no era por la muerte de sus paisanos en San Fernando, y más complicado fue hacer ver que el castigo por ese crimen le corresponde a México.

Pero en este país la Procuraduría General de la República (PGR) no ha lanzado resultados sobre las redes de tráfico de personas que llevaron a los migrantes al rancho donde fueron masacrados. En febrero pasado, el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, se reunió con el fiscal ecuatoriano, Galo Chiriboga, a quien le comentó que por el caso de San Fernando hay un juicio contra siete presuntos responsables, a quienes se les acusa de homicidio.

Nada dijo de otros delitos que se pudieron haber cometido en la masacre, como tráfico de personas, uso de arma prohibida o corrupción de servidores públicos.

El procurador mexicano pidió apoyo para buscar, entre las familias ecuatorianas con desaparecidos en México, datos y pruebas de ADN que pudieran ayudar a ubicar la identidad de 11 personas cuyos cuerpos, a cinco años de los hechos, permanecen en una fosa común del panteón Dolores en el DF. El funcionario se comprometió a que pronto habría sentencias para los acusados. Meses después, Murillo Karam dejó la PGR. Su promesa no se ha cumplido.

Margarita, madre de Telmo, sufre para sacar adelante a sus otros tres hijos. Es campesina y gana seis dólares al día, cuando hay trabajo.

Sabe que puede demandar al “coyote” para obtener una indemnización, “pero para eso necesito abogado, y plata para pagarle. Y yo ya no tengo tiempo para eso”, dice con su tímida voz. Debido a lo aislado del paraje en que vive, Margarita ignora —como investigamos después— que el juez de Chimborazo ordenó para ella una indemnización de 50 mil dólares.

Además de la sentencia que ha recibido, José Arcesio enfrenta otras denuncias por fraude e insolvencia, pero sólo se le han fincado dos juicios. Puede salir pronto de la cárcel: las leyes ecuatorianas permiten que eventualmente su sentencia sea reducida a la mitad.

¿Por qué el traficante de personas puede librar tan pronto su castigo? Porque la falta de cooperación del sobrevivente, Fredy Lala, no permitió vincular el caso de Arcesio con otras redes de “coyotes” involucradas en el caso San Fernando.

“Lo más lógico es que sea el mismo Vásquez Marín, pero no tuvimos la capacidad de demostrarlo. Y una cosa es saber y otra demostrar”, reconoce el fiscal.

Para conseguir la colaboración de Fredy la Fiscalía se desistió de los posibles cargos que tenía en contra de su familia. “Inicialmente estuvieron como sospechosas dos o tres personas, pero después se estableció que él (Vásquez Marín) era quien realizó todas las labores para mandar a la gente a EU. Los otros cuatro casos quedaron en indagación”.

También influyó que los familiares de otras víctimas que también murieron guardaron silencio. “Jamás quisieron hablar, ese fue el problema, y de una u otra forma Fredy, que estaba recibiendo el beneficio del Estado, habló”.

Vásquez Marín fue el único consignado por la muerte de Telmo y el daño a Fredy. La cadena delincuencial en Ecuador no fue más allá porque, afirma el fiscal, él manejaba todo: transporte, hoteles, alimentos. “Sus empleados sólo recibían órdenes, y nosotros no vamos a meter a la cárcel a una persona que recibía un sueldo de 400 dólares por ser chofer. Tenemos que irnos a quien verdaderamente cometió estos delitos”.

Pero no lo hicieron. La Fiscalía provincial no estableció contactos con México, Centroamérica y Estados Unidos “porque ya depende de otros Estados. Y no llegamos a tener nombres porque es imposible que el “coyote” dé información. Imposible. Para eso hay que hacer una investigación técnica, para poder dar continuidad con toda la cadena delictual”.

—¿Se canceló la investigación a nivel internacional? —se le pregunta al fiscal.

“No se interrumpió la investigación , pero no había mucha coordinación [con otros países] en ese tiempo y nosotros nos dedicamos a investigar quién era el ‘coyote’”, asegura.

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Este trabajo forma parte del proyecto En el Camino, realizado por la Red de Periodistas de a Pie con el apoyo de Open Society Foundations. Conoce más del proyecto: enelcamino.periodistasdeapie.org.mx

jram

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