Un triunfo por la gobernabilidad

Paola Félix Díaz

Los múltiples problemas del país dan cuenta precisa de la dimisión del Estado para cumplir con las funciones primigenias que le impone un régimen democrático, constitucional y de Derecho.

La discrecionalidad permeó desde la cúpula hacia todos los niveles de gobierno, echando raíces profundas que avanzaron sin control hasta formar un enredijo perverso que dio paso a la corrupción, impunidad e ingobernabilidad.

La pobreza, la violencia y el mal uso de los recursos públicos son la más acabada expresión de la otrora clase dominante en el poder público. El triunfo del 1° de julio fue del y para el pueblo, que decidió poner fin a prácticas indeseables que resultaron en la peor crisis ética de la historia del México contemporáneo.

En respuesta a dicha decisión, Andrés Manuel López Obrador y el equipo de transición hicieron públicas las primeras acciones sobre las que transitará el nuevo plan de gobierno para dar cauce a una adecuada articulación política, económica y social. Un proyecto de Nación que tiene como eje prioritario a [email protected] [email protected] y como objetivo central estabilizar al país para lograr la gobernabilidad.

En este orden de ideas, se planteó un Estado eficaz y eficiente, capaz de alcanzar las metas propuestas en un tiempo razonable y al menor costo posible como primer paso para dar respuesta a una de las principales exigencias ciudadanas: resolver el problema de la calidad de la acción gubernamental, a través de la institucionalización de prácticas y procesos que erradiquen el dispendio, la simulación, las complicidades y los privilegios que han obstaculizado el acceso mayoritario de la población a mejores condiciones de bienestar y desarrollo.

Así, el proyecto avanza por dos rutas paralelas y de manera simultánea. Por un lado, se encara el desafío de eliminar el Estado obeso, burocrático y corrupto; por el otro, se gesta el Plan de Pacificación que devolverá la confianza y certeza a la ciudadanía. Acabar con la corrupción, los privilegios, la impunidad, la pobreza y la violencia para abrir paso a la honestidad, la transparencia y la paz, es una condición necesaria para que la igualdad y la justicia sean una realidad cotidiana.

Como lo señaló la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la violencia no se va a combatir con más violencia; se hará uso de todos los instrumentos legales; se instrumentará una política pública integral y un programa de justicia transicional. Habrá amnistía y una ley de reducción de penas, pero no para quienes hayan cometido actos violentos; se atacarán las causas de la pobreza; se darán becas a [email protected] jóvenes; se crearán comisiones de la verdad integradas por asociaciones civiles, líderes eclesiásticos y organismos internacionales; se buscará amparar a niños cooptados por el crimen organizado, campesinos productores de droga o presos políticos; se intensificará la reconstrucción de las instancias de procuración e impartición de justicia, sobre todo a nivel local; se consultará a las víctimas; se hará uso de la unidad de inteligencia financiera para combatir el lavado de dinero y el narcotráfico; y se fortalecerá la figura de extinción de dominio.

No queda duda que las acciones de Andrés Manuel López Obrador tendrán como asidero la legitimidad del triunfo electoral y la voluntad del pueblo. Establecerá la gobernabilidad a través de nuevas reglas que garanticen el bienestar económico, el acceso a la justicia y la paz social.

El próximo presidente de la República envió a la clase política y gobernante del país un mensaje claro: no tolerará ningún acto de corrupción. Él mismo podrá ser juzgado por este y otros delitos graves, se acabará el fuero, la austeridad será un principio fundamental en beneficio del bien colectivo y los privilegios agonizarán hasta convertirse en un cadáver que, junto al del viejo sistema, será devorado por los mismos gusanos.

Diputada federal y activista social. @LaraPaola1

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