SCJN pone fin a litigio por terreno expropiado en 1958 por Ruiz Cortines

El terreno formó parte de los decretos de expropiación por los que el Ejecutivo amplió la superficie ejidal de las poblaciones de Santa Clara y Aguascalientes de Mazatlán en Tehuantepec y Tuxepec, Oaxaca

Nación 10/07/2017 17:21 Diana Lastiri Ciudad de México Actualizada 17:22

Luego de 59 años la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso fin a un litigio sobre un terreno cuya expropiación fue ordenada por el ex presidente Adolfo Ruiz Cortines, en junio de 1958, para ampliar los terrenos ejidales de dos poblaciones de Oaxaca.

Por mayoría de seis votos, los integrantes del Pleno de la Corte aprobaron la propuesta del ministro Javier Laynez Potisek y ordenaron al gobierno federal a indemnizar a los herederos de la propietaria de un terreno cuya superficie es de 8 mil 594.73 ubicado en Tehuantepec, Oaxaca.

El terreno formó parte de los decretos de expropiación por los que el Ejecutivo amplió la superficie ejidal de las poblaciones de Santa Clara y Aguascalientes de Mazatlán en Tehuantepec y Tuxepec, Oaxaca.

Los interesados lograron en amparo que un juzgado federal ordenara la restitución de las tierras, sin embargo, no fue posible que la entonces Secretaría de la Reforma Agraria cumpliera con la orden emitida.

“Tiene 59 años que el albacea está buscando que en un juicio de amparo donde obtuvo sentencia favorable, donde se dejaron sin efecto los decretos dotatorios presidenciales, para que se le restituyeran esas tierras e inicia el cumplimiento de la sentencia en ese primer juicio, donde, nunca se hizo nada por imposibilidad, incluso por actos de violencia, porque nunca pudieron hacer los trabajos”, señaló el ministro Laynez Potisek.

“El probelma aquí fue el cumplimiento de este primer juicio de amparo, porque una vez que se dejan sin efecto estas resoluciones dotatorias inicia todo un trámite del Registro Agrario Nacional. La sentencia lo que ordenaba es: una vez que quedaron insubsistentes estos decretos presidenciales tendrían que haber restituido a la quejosa estas tierras”.

Por lo que, ante la imposibilidad de restituir el terreno a sus propietarios, el gobierno federal deberá pagarles el total del valor catastral por concepto de indemnización.

 

Comentarios