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La asociación Alto al Secuestro denunció que el número de detenidos en enero por ese delito presentó una baja de 29% respecto al mes anterior. Alertó que las cifras señalan que por cada secuestro que se comete no se logra la detención de una persona responsable.
“Es alarmante que no sólo no se detiene a un secuestrador por víctima, sino que las detenciones van a la baja, lo cual coincide con la consolidación del nuevo sistema penal. Los policías tienen temor de realizar detenciones debido al desconocimiento práctico de las nuevas reglas [deficiente capacitación], se sienten intimidados de comparecer ante un juez e indefensos ante el exceso de derechos de los imputados”, informó.
La organización reportó 115 detenidos el pasado mes y en diciembre registró 163 detenciones. La asociación encabezada por Isabel Miranda de Wallace, en su informe de enero, reportó 144 secuestros, mientras que en diciembre se registraron 156; esto se traduce en una disminución de 7.6%.
El Estado de México, Veracruz y Tamaulipas son las entidades con mayor número de denuncias con 29, 24 y 18 casos, respectivamente.
Miranda de Wallace ha enfatizado en que las cifras que presenta Alto al Secuestro son obtenidas de denuncias en fiscalías y procuradurías y casos del fuero federal, por ello varían de las reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que identificó 97 casos con 109 víctimas.
El informe de Alto al Secuestro señala que en la administración del presidente Enrique Peña Nieto se han contabilizado 8 mil 977 plagios, que significa que, en promedio, seis personas son secuestradas cada día. El número de víctimas que reporta la organización es de 166, una disminución de 9.7% respecto a las 184 registradas en diciembre.
De las detenciones, Miranda de Wallace informó que 110 fueron realizadas por las unidades antisecuestro estatales y cinco de ellas fueron consumadas por autoridades federales. En cuestión de detenidos Veracruz encabezó la lista con 36, el Estado de México tuvo 20 y Guerrero, 9.
La organización insistió en la solicitud dirigida al Consejo Nacional de Secretarios de Seguridad Pública sobre la instauración de un ómbudsman para defender los derechos de los policías. “Es necesario dignificarlos, mejorar sus condiciones laborales, dotarlos de las herramientas tecnológicas necesarias y reforzar la capacitación en el nuevo sistema de justicia”.
