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Especialistas en temas religiosos coincidieron que exigir al Estado, a los ministros y a los legisladores proteger a la institución más importante de la sociedad, la familia, no es un acto de discriminación, por lo que pidieron avanzar a una sociedad de diálogo abierto y seguir defendiendo las instituciones que sostienen al país, afirmaron que aunque la discusión de la iniciativa presidencial del matrimonio igualitario no es prioritaria, el problema político que representa no ha terminado.
En el marco del primer foro “La Verdad de la Familia”, Jorge Traslosheros, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, dijo que le preocupa que cada que se hacen propuestas para la protección de la familia se tache a los grupos que las emiten como “homofóbicos e intolerantes”, dijo que la no discriminación es un asunto relacionado con la cultura de la inclusión, lo cual es diferente a la defensa de las instituciones de la familia.
“Tenemos que avanzar hacia la cultura del encuentro, de la solidaridad y del diálogo, quitémonos ya de discursos maniqueos que dicen: Si no piensas como yo, tú no vales. Sólo así vamos a poder resolver un problema, el hecho de exigirle al Estado a los ministros de la Corte, a los legisladores que legislen para proteger la institución más importante de la sociedad no es un acto de discriminación. La discriminación contra distintas personas es un problema generalizado, es un problema cultural que debe ser atendido, pero mezclar las dos cosas me parece algo peligroso”, dijo.
El investigador consideró como muy grave que instituciones como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) requiera información a ministros de culto por expresar su opinión contra la iniciativa presidencial.
“Es tan grave que mereció la intervención del subsecretario de Gobernación para Asuntos Religiosos, Población y Migración, a tal grado que tuvo que salir a explicar que no se estaba violando ninguna ley, ni la Constitución.
“Más allá de la coyuntura, de la anécdota que estamos viviendo hay que alzar la cabeza como sociedad y darnos cuenta que cualquier intervención autoritaria que quiere imponer un pensamiento único por parte el estado hacia la sociedad es un peligro para todos, no debemos permitir que esto crezca nadamás porque esto conviene a mi opinión”, apuntó.
Por su parte, Jorge Adame Goddard, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM comentó que aunque los líderes partidarios hayan comentado que la iniciativa presidencial de matrimonios igualitarios no es prioridad, el problema político que generó el proyecto de reforma continúa, ya que el conflicto fue generado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con sus tesis de jurisprudencia en la que establecía como inconstitucionales las leyes estatales que definieran al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, cuyo fin último es la procreación.
“Son jurisprudencias obligatorias que en principio obligan a toda la nación de modo que todos los jueces tienen que seguir sus criterios y todos los poderes legislativos están obligados a ajustar sus códigos de acuerdo a lo que dice la Suprema Corte, se ha creado un problema político, de lo que sería la imposición de un poder federal hecha a partir de la ignorancia de lo que es la familia y el matrimonio y quieren hacer que los legisladores de los estados legislen de la manera que la Corte establece”, sostuvo.
Ante el panorama de que la iniciativa ciudadana, impulsada por organizaciones sociales, de reforma al artículo cuarto constitucional para establecer al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer resultara “inviable de promover”, el académico propuso impulsar una reforma al código civil para establecer una forma de matrimonio que respete las tesis jurisprudenciales y al mismo tiempo exprese claramente que los fines y condiciones del enlace los establecen los contrayentes y no la ley.
De tal manera que esté en su voluntad el contraerlo “por toda la vida y con el fin de procrear hijos, y que la ley debe respetar y proteger jurídicamente esta opción”.
El jurista también propuso preparar un curso alternativo de educación sexual para todos los niveles escolares donde se proponga a la sexualidad como “un medio de expresión de amor honesto, necesariamente vinculada a la procreación de los hijos”. Detalló que un vez que se tenga preparado el curso se les proponga a los padres de familia para que se imparta en las escuelas públicas y privadas.
Durante la inauguración del foro el obispo de Toluca, Francisco Javier Chavolla, exhortó a los más de 550 asistentes a seguir defendiendo la “grandeza y riqueza de la vida, así como continuar en su búsqueda por la verdad de la familia.
“La verdad los llevará a tener una valentía porque su fuerza y su fortaleza no es una ideología sino la verdad en que fue creado el hombre y todo el mundo por eso quien busca la verdad se adhiere a ella porque saben precisamente que la verdad le da vida, libertad, fortaleza, valentía, la verdad la construye en su misma ocasión de hombre o de mujer, adelante conozcan la verdad adhiéranse fuertemente a la verdad”, expresó.
ahd
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