La labor que realiza la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) relacionada con las inspecciones en verificentros, no es político, sino tiene que ver con el mejoramiento de la calidad del aire, afirmó el titular de esa institución, Guillermo Haro Bélchez, quien deslindó de alguna responsabilidad a ese órgano de las clausuras que se han realizado, las cuales dijo están debidamente fundadas y motivadas, por lo que la responsabilidad es de los concesionarios.

"Corresponden a la indebida calibración no acreditada por un laboratorio independiente de su sistema de pesas, no de los dinamómetros como se ha pretendido hacer ver, ni muchos menos también por falta de documentos que expide la propia autoridad que hoy inspecciona.

"Ni Semarnat ni Profepa otorgan documento alguno para garantizar la correcta medición de los verificentros", insistió el funcionario en conferencia de prensa acompañado por el subprocurador de Inspección Ambiental, Arturo Rodríguez, y por el subprocurador Jurídico, Gabriel Calvillo.

En el acto efectuado en instalaciones de la Profepa, Haro Bélchez detalló que se han clausurado 103 en líneas en 23 verificentros de un total de 35 visitados en las seis entidades que componen la Megalópolis, de las cuales ocho corresponden a la Ciudad de México, de 10 inspeccionados.

Al respecto, el funcionario explicó: "Las clausuras hasta hoy impuestas a algunas líneas de verificación, en los 35 verificentros, 8% del gran total, no es por la calibración de los dinamómetros, sino del sistema de pesas, y si no tenemos la certeza de que estas estén calibradas adecuadamente o certificadas por un laboratorio independiente, la muestra final, con el otorgamiento del holograma, no es confiable".

Resaltó que "el cierre del supuesto mantenimiento de algunos verificentros, es una decisión personal de los titulares de las concesiones".

Expuso que "los gobiernos locales tienen la obligación de revisar el correcto funcionamiento, apertura de todos los verificentros y también tienen, como lo vamos a solicitar formalmente, la obligación de hacerlo, para en su caso, si no hay causa fundada y motivada, poder iniciar la revocación de las concesiones otorgadas.

"No existe por tanto, ningún impedimento legal de Semarnat o Profepa, para que algunos verificentros, fundamentalmente en la Ciudad de México, hayan tomado la determinación de no abrir su servicio al público".

afcl

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