La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas Fosado, por el caso de los 15 mexicanos asegurados por agentes migratorios en diversos puntos carreteros y estados fronterizos en 2015.

Tras una revisión al expediente CNDH/5/2015/717/Q  se acreditó violaciones a los derechos humanos, a la seguridad jurídica, a la libertad personal y de tránsito, y a la no discriminación, cometidos por 22 servidores públicos adscritos al INM.

“Las principales quejas son privación de la libertad, disparidad de criterios en la resolución de los procedimientos administrativos, imprecisiones en los informes sobre el aseguramiento de los agraviados, desestimación de documentos oficiales que acreditaban la nacionalidad y abuso de su condición de vulnerabilidad en la que se encontraban”, añadió el organismo a través de un comunicado.

Asimismo, indicó que en el caso de dos agraviadas, menores de edad, los servidores públicos no realizaron las acciones tendentes a garantizar que se encontraran acompañadas por personal capacitado y especializado en derechos de protección infantil, violando lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

La CNDH consideró incongruente que las autoridades señalen que durante la revisión migratoria, los agraviados hayan manifestado ser extranjeros y, posteriormente, en el procedimiento administrativo declararan ser mexicanos.

“Algunos quejosos que no saben leer ni escribir firmaron o pusieron su huella en diversas diligencias en que se asentó una nacionalidad distinta a la mexicana”, añadió.

Por lo anterior, la CNDH solicitó al INM reparar los daños a las víctimas; garantizar los procedimientos que deberán seguir los servidores públicos que durante las revisiones migratorias se encuentren con personas que refieran ser mexicanos; establecer acuerdos interinstitucionales con el Instituto Nacional Electoral y con las Direcciones del Registro Civil de las entidades federativas..

Asimismo, deberá impartir a los servidores públicos encargados de realizar revisiones migratorias y de resolver la situación jurídica de los mexicanos, un curso sobre la relevancia del principio pro persona, con objeto de evitar violaciones a los derechos humanos de los connacionales.

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