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Tras un requerimiento de información, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) instruyó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) buscar y dar a conocer los nombres y los montos de multas impuestas a sus servidores públicos desde 1983 a octubre de este año.

Sin embargo, la CFE precisó que no era competente para dar a conocer la información. Tras un recurso de revisión interpuesto al Inai, la unidad administrativa de la CFE se vio obligada a transparentar que obran diversos documentos relacionados con el expediente DR/065/1999, instrumentado en la Unidad de Responsabilidades y Quejas, en el que se advierte que al ex trabajador Eric Roberto Butcher Martínez se le impuso la sanción consistente en inhabilitación por dos años para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público, el 20 de diciembre del año 2000.

Pero la CFE no reveló más datos. Fue la Secretaría de la Función Pública (SFP) la dependencia que informó que en poco más de 20 años la CFE cuenta con 234 servidores públicos sancionados.

Según los registros de la SFP, en el periodo de enero de 1994 a octubre de 2015 fueron impuestas 234 sanciones a servidores públicos adscritos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“La SFP lleva un registro en el que se inscriben, entre otros datos, las sanciones que se imponen a los servidores públicos, y dicho registro tiene el carácter de público”, informó en un comunicado el Inai.

“En el análisis del caso, el instituto advirtió que las sanciones económicas serán impuestas por la Secretaría de la Función Pública, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades, y ejecutadas por la Tesorería de la Federación”, agregó.

A pesar de que la SFP dio a conocer el número de servidores públicos sancionados, el Inai precisó que la CFE deberá abrir los expedientes referidos. Esos datos, según el instituto, los tiene la Oficina de Estadística encargada de llevar el registro de todas las sanciones que se impongan a sus servidores públicos; de lo que se desprende que el sujeto obligado cuenta con la información sistematizada, por lo que para atender el requerimiento informativo no es necesaria la puesta a disposición de la expresión documental, que serían los expedientes o, en su caso, las resoluciones administrativas de imposición de sanciones.

“Ya estamos hablando de sanciones fijas y firmes; por lo tanto, sí se pueden conocer y es un asunto de interés público. Es cierto que algunos funcionarios pueden decir ‘es que afecta mi honra, mi reputación, mi credibilidad profesional’, pero en este caso son sanciones que ya están determinadas y por supuesto es algo que se tiene que saber”, expuso ante el pleno el comisionado del Inai, Francisco Javier Acuña Llamas.

Por lo anterior, el instituto, a propuesta del comisionado Acuña Llamas, revocó la respuesta de la CFE y le instruyó a que realice una búsqueda de la información requerida y la entregue en los términos referidos.

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