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A partir del sábado 1 de julio iniciará funciones el nuevo Centro de Justicia Penal Federal de El Altiplano, por el que el Consejo de la Judicatura Federal adjudicó un contrato de cerca de 200 millones de pesos para su construcción.
El pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicó ayer que la obra ha sido terminada y que se cuenta con la infraestructura necesaria para que en él se realicen los juicios sujetos al nuevo sistema de justicia penal.
El edificio será administrado por uno de los tres jueces de Distrito que operarán en el centro, donde también habrá un Tribunal Unitario de Circuito con competencia especializada en el sistema penal acusatorio y los demás juzgadores que el CJF determine adscribir para satisfacer las necesidades del centro.
Estos juzgadores podrán actuar indistintamente como jueces de control y tribunales de enjuiciamiento, estableció el CJF, organismo que también designará al juez que le corresponderá administrar el inmueble.
Conocerán de asuntos ocurridos en 68 de los 125 municipios que dividen al Estado de México, entre los que se cuentan Atizapán, Almoloya de Juárez, Tlatlaya, San Mateo Atenco, Huixquilucan y Toluca.
La Oficialía de Partes del centro funcionará las 24 horas, todos los días del año, para recibir, registrar, turnar y enviar los asuntos a las áreas que correspondan.
Los juzgadores y el resto del personal laborarán de lunes a viernes de 9 a 3 horas y de 4 a 6 horas. Está ubicado en el Rancho la Palma, en el poblado de Mina México, ubicado en la carretera a Santa Juana Centro, número 11, localidad de Santa Juana en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.
EL UNIVERSAL informó que el CJF adjudicó de manera directa a la empresa Proyectos y Construcciones Marlu, SA de CV, la edificación del Centro de Justicia por un monto de 195 millones 820 mil 917.13 pesos.
Como pago inicial, el consejo destinó 59 millones 83 mil 897.41 pesos más IVA que dieron un total de 68 milones 537 mil 320.99 pesos.
De ese total, la empresa informó al CJF que invirtió 1 millón 850 mil pesos en la elaboración del proyecto de construcción y los estudios preliminares; destinaron 16 millones 600 mil pesos al inicio de los trabajos en bodegas, fletes, rentas, entre otras.
Para su adjudicación, el CJF también argumentó que debido al contexto de urgencia en el que se encontraba, se debía ejecutar la obra lo más pronto posible, puesto que la reforma penal de 2008 entró en vigor el 18 de junio de 2016 y la obra fue adjudicada hasta el 10 de agosto de 2016.
