Demandan ONG’s alerta nacional de género

A pesar del grado de alarma que provoca el tema del feminicidios en México —sostenido incluso en voz de organismos internacionales como la ONU y que a finales de 2016 calificaron la situación como una “pandemia que afecta a dos de cada tres mujeres”—, a la fecha sólo se han emitido siete alertas de género, que no cubren incluso territorios estales completos.

Tan sólo en el país se registraron 36 mil 606 defunciones femeninas con presunción de homicidio durante el periodo 1985-2010, de acuerdo con el informe Violencia Feminicida en México. Características, tendencias, y nuevas expresiones en las entidades federativas, publicado por la ONU.

En entrevista con EL UNIVERSAL, defensoras de organizaciones sociales de diversas entidades coinciden en que no se debe perder de vista el sentido del mecanismo jurídico de las alertas de género.

“Es necesaria la prevención para no llegar a la descomposición del tejido social como sucedió en Ciudad Juárez, Chihuahua. También es necesario y urgente un movimiento y una alerta nacional”, señala Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora del Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem).

A pesar del panorama que se ha vuelto preocupante —según las activistas consultadas— sólo se han emitido seis alertas de género, un mecanismo previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, cuyas medidas gubernamentales son para erradicar los femenicidios en todo el país.

María de la Luz Estrada, titular del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) explica que las alertas son para “visibilizar un contexto machista de poder, abuso por parte de parejas, novios, cercanos. Este delito sigue en aumento porque no se investiga, hay omisiones, obstrucción de justicia debido a que existe una cultura machista discriminatoria”.

María Teresa Guerra Ochoa, presidenta del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, opina que a nivel estatal y federal hay simulaciones. “México ha sido observado a nivel internacional y hay entidades que han emitido la alerta, pero no ha sido con la prontitud que deben; hay estados en los que aún con la declaratoria no se ha logrado terminar con la violencia por decreto, más bien repunta”.

Ramos Ponce dice que “debe quedar muy claro que las alertas que implementan para esos municipios, son para todo el estado. No deben estar constreñidas”.

ONU Mujeres exhortó el año pasado a renovar esfuerzos en los niveles de gobierno, la academia, el sector privado, y la sociedad civil para “seguir promoviendo el derecho de niñas, jóvenes y mujeres, incluyendo a las mujeres transgénero y transexuales, a una vida libre de agresiones”.

Crece violencia feminicida

Hasta el momento sólo se han decretado las alertas en el Estado de México, Michoacán, Morelos, Chiapas, Veracruz y Nuevo León. En Jalisco es alerta estatal. Se aplican en los municipios donde existen índices más elevados.

A decir de activistas consultados, el panorama feminicida no ha cambiado mucho.

Los asesinatos de mujeres, violaciones sexuales y otros crímenes de género, continúan.

Manuel Amador Velásquez, integrante de la Red Denuncia Feminicidios Edomex, apunta que con todo y la Alerta de Género en el Estado de México —emitida el 8 de julio de 2015—, el panorama continúa siendo “desolador”. Esa es la entidad con la situación más grave.

“Hay un discurso que emite el gobierno actual que no ha cumplido […] ¿Cuál fue el objetivo de la alerta? ¿Por qué las niñas que salen a fiestas y aparecieron asesinadas no tuvieron la alerta? ¿Dónde estaba la alerta cuando las mujeres asesinadas salieron a las calles?”, dice Amador.

Ramos Ponce apunta que en Jalisco la vieron [a la Alerta de Género estatal] con buenos ojos hasta que notaron falta de transparencia. La atención a mujeres violentadas se hace sin perspectiva de género y las cifras no se mueven.

“Era el primer caso en el que el propio gobierno reconocía públicamente la existencia de esta problemática […] Se convierte en una autoalerta que en lugar de generar mecanismos de erradicar la violencia, lo que hicieron fue generar todo un proceso de simulación, y eso nos puso a las jaliscienses en una situación más de riesgo”, enfatiza Ramos Ponce.

EL UNIVERSAL documentó en octubre de 2016 que a pesar de anunciarse la alerta a nivel local, no existía decreto.

El Instituto Jalisciense de las Mujeres respondió que no era necesario, pero días después el decreto apareció de publicado en el periódico oficial de Jalisco.

En el sur, en el caso de Chiapas, Martha Figueroa, integrante del Colectivo de Mujeres de San Cristóbal, reconoce la gravedad del problema, porque además de que se ha politizado, autoridades no consideraron que la violencia está presente en los 122 municipios que conforman la entidad.

“Se declaró de forma muy limitada, con un informe muy descuidado (…) Ahorita la declaratoria está abriendo una serie de expectativas a nivel político y ciudadano, todas válidas, pero si no hay una lectura correcta, va a dar base para que digan que las alertas no sirven”, puntualiza Figueroa.

Mientras, en la frontera, en el estado de Nuevo León, Irma Alma Ochoa Treviño, directora en Arthemisas por la Equidad A.C, considera: “La tipificación del feminicidio tiene ciertas dificultades, es un delito supeditado al homicidio”.

Aunque la situación ha cambiado un poco, todavía nos falta mucho trabajo por hacer, destaca Ochoa Treviño.

[Checa el mapa con las entidades que ya tienen alerta de género aquí]

Sin Alerta

Según la Conavim y organizaciones consultadas, hasta el momento los estados que han solicitado contar con Alerta son Baja California, Sonora, Sinaloa, Querétaro, San Luis Potosí, Colima, Tamaulipas, Quintana Roo, Guerrero, Puebla, Guanajuato, Tabasco y Tlaxcala. Mientras que Durango y Zacatecas son las dos entidades que preparan su petición.

Leticia Burgos, presidenta de la Red Feminista en Cajeme, puntualiza que Sonora “está fuera de control, no hay garantías institucionales para garantizar la vía de las mujeres en el estado […] acá tenemos asesinadas por el crimen organizado, pero la mayoría es por su pareja”.

“Hay una política de bajar índices, de maquillar cifras. Es una política de Estado, se trata de quedar bien con los organismos internacionales”, reclama Burgos.

Para la activista Norma Andrade —fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa en Chihuahua y cuya hija Lilia Alejandra fue asesinada en 2001—, el hecho de que no exista una Alerta en el estado más emblemático de los feminicidios, significa que “no hay voluntad política por parte del gobierno”.

“La incomprensión de las autoridades ante la magnitud de estos hechos [...] no alcanzan a dimensionar el problema y generan violencia institucional al no emitirla”, explica Andrade.

María Teresa Guerra Ochoa, presidenta del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, detalla: “Sinaloa tiene una situación de violencia social alta. Los asesinatos de mujeres son cometidos por parejas y ex parejas. No despegar una política pública que le dé la prioridad de vida, no observar con prontitud que la violencia reproducirá más violencia, el tema de las muertes de mujeres está generando una secuela y daño social muy alto”. Sinaloa se convertirá justamente en la octava entidad donde se decrete la Alerta de Violencia de Género en México y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) señala que más que un mecanismo de “sanción o de satanización” a un estado o gobierno debe servir para establecer medidas de “urgencia” para hacerle frente a la situación.

Consolación González Loyola, integrante del grupo promotor de la activación de la medida en Querétaro, señala que los gobiernos municipales y estatales siguen sin reconocer la gravedad de los derechos humanos de las mujeres.

“La mayoría de las mujeres en Querétaro vive una violencia que se presenta en diferentes escalas, desde aquellas que necesitan permiso para salir, hasta las que son golpeadas, por no obedecer a su marido, son acosadas sexualmente por su jefe, son asesinadas por andar en la calle, o por terminar una relación”.

Eva Aguilar López, presidenta del consejo estatal de mujeres, destaca que Quintana Roo “no cuenta con los peritos especializados para llevar las investigaciones ministeriales al grado que se han perdido todas las pistas […] el mecanismo no prevé prórrogas ni sanciones […] Yo creo que estamos acorraladas en esta situación”, cuando se trata de dar seguimiento a investigaciones.

Un problema de país

La opinión pública en redes sociales cuestiona: ¿Si hay más asesinatos de hombres, por qué se debe dar importancia al de las mujeres?

Guerra Ochoa, del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses AC, responde: “Es muy grave que la mujer esté perdiendo la vida a manos de sus parejas, es un tema de descomposición social y una incomprensión ponerlo en la misma tesitura”.

Para Irma Ochoa Treviño, de Arthemisas por la Equidad AC, es “un problema de norte a sur y del océano pacífico al Golfo de México”. Lo dice con datos, según la ONU, son 6.4 asesinatos de mujeres diariamente en México.

María de la Luz Estrada, del OCNF, concluye: “Las medidas de seguridad y justicia tienen que realmente afinarse por las autoridades para que podamos hacer las cosas en serio, corregir la política pública de prevención, sanción y de investigación criminal, porque este es un campo muy fuerte de impunidad”.