Estado se compromete con AI a atender seguridad

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La Secretaría de Gobernación (Segob), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibieron las recomendaciones de Amnistía Internacional (AI) en materia de derechos humanos. A nombre del Estado mexicano plantearon su “compromiso para atender la compleja situación en materia de seguridad pública” debido a la presencia de la delincuencia organizada.

Explicaron que las Fuerzas Armadas se desempeñan en ello de “forma complementaria y temporal, a petición expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles para salvaguardar el Estado de derecho y las instituciones”.

Rechazaron los actos de tortura y llamaron al Congreso de la Unión a aprobar la ley general en la materia.

Sobre el informe La Situación de los derechos humanos en el mundo, el pronunciamiento conjunto señala que en materia de ejecuciones extrajudiciales se argumentó que el 6 de julio de 2016, la PGR atrajo la investigación de los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, que fue iniciada por la Fiscalía General Estatal.

La Segob mantiene comunicación con las víctimas y familiares para garantizar la asistencia y la reparación del daño, así como su “compromiso de esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables en los caso de Tanhuato, Tlatlaya y Apatzingán”, y que en todos se investiga, y hay detenidos y procesados.

El documento señala el apoyo del gobierno al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y su propuesta para generar una solución que asegure un financiamiento al trabajo que realizan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana (CoIDH). “La propuesta se encuentra en discusión en la Organización de los Estados Americanos (OEA) y se espera que sea aprobada en la próxima sesión de la Asamblea General, en junio de 2017.

Sobre el caso Iguala resalta la colaboración con la CIDH y se reconoce la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas. El escrito asegura que en julio de 2016 se acordó con los padres y representantes de las víctimas la creación de un mecanismo de seguimiento a las medidas cautelares dictadas.

Detalla que el mecanismo cuenta con el apoyo irrestricto del gobierno y la coordinación de Enrique Gil Botero, relator del país, y que se realizarán seis visitas más.

“El gobierno de la República confía en que el legislativo apruebe la ley general, para que, una vez en vigor, ayude a prevenir, combatir y sancionar el delito de tortura de manera homologada en el país, y de acuerdo con los más altos estándares internacionales”.

Admite la desaparición de personas en México y señala que se realizan mejoras al Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Destaca la disminución de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las cuales en 2016 disminuyeron 68%.