Interceptan cargamento de aves en el AICM

Un ciudadano español fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) cuando pretendía ingresar 43 aves sin los permisos correspondientes.

El arresto se concretó con la coordinación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), quienes interceptaron un cargamento de 43 especies silvestres, canoras y de ornato que transportaba un ciudadano originario de España en su equipaje.

En un comunicado, la Profepa informó que al momento de la inspección, el pasajero no pudo acreditar que contaba con los permisos de importación requeridos para demostrar su legal procedencia ni de calidad sanitaria, además de no haber declarado ante el personal de aduanas que llevaba las aves que iban ocultas entre ropa dentro de las maletas.

Los ejemplares presentaban un estado de estrés notorio por el viaje y las malas condiciones de traslado, por lo que los inspectores de la Profepa brindaron la atención necesaria para garantizar su supervivencia, para después proceder a identificarlos taxonómicamente y determinar su grado de protección o regulación.

Especialistas de esa Procuraduría determinaron que las 43 aves silvestres pertenecen a 10 especies diferentes, entre las que se encuentran diamantes, verdecillos, jilgueros europeos, carnachuelos, tejedores y pinzones.

La institución destacó que cuatro ejemplares de perico espléndido están incluidos en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Cites, por sus siglas en inglés), por lo que se requiere el permiso emitido por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para su importación, así como la inspección por parte de Profepa en el punto de ingreso al país.

La Cites es un acuerdo internacional que incluye casi 30 mil especies de fauna y flora silvestre sujetas a comercio internacional, además de establecer restricciones a su movimiento transfronterizo, con el objetivo de que esta actividad económica no ponga en riesgo a las poblaciones silvestres, garantizando su viabilidad a futuro.

La actuación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se realizó observando lo dispuesto en el artículo tercero de la Ley Aduanera, que menciona: “Las funciones relativas a la entrada de mercancías al territorio nacional o a la salida del mismo son facultades exclusivas de las autoridades competentes.

“Los funcionarios y empleados públicos federales y locales, en la esfera de sus respectivas competencias, deberán auxiliar a las autoridades aduaneras en el desempeño de sus funciones cuando éstas lo soliciten y estarán obligados a denunciar los hechos de que tengan conocimiento sobre presuntas infracciones a esta ley y hacer entrega de las mercancías objeto de las mismas, si obran en su poder”, señala el ordenamiento.

Las aves y el ciudadano español quedaron a resguardo de la Administración General de Aduanas, quienes se encargarán de proceder conforme a derecho tanto en materia administrativa como penal.