CNS: es muy radical hablar de ejecuciones extrajudiciales

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El comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, consideró que señalar ejecuciones extrajudiciales “es muy radical”, por lo que resaltó que si se acredita la comisión de ilícitos de esa gravedad, se ejercería acción penal por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).

En alusión al informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre los sucesos ocurridos en el Rancho El Sol, en Tanhuato, Michoacán, en mayo de 2015, subrayó que “de ser el caso [estaríamos] ante 22 homicidios. Nosotros quisiéramos decir que es muy radical hablar de ejecuciones extrajudiciales porque en nuestro país no existe como tipo penal la ejecución extrajudicial en el lenguaje de los derechos humanos. Por supuesto, también por eso pedimos una ley, pero no existen ejecuciones extrajudiciales en nuestro país como tipo penal, también porque no existe la pena de muerte”.

Al insistir sobre la recomendación que emitió la CNDH a la Policía Federal (PF) por la muerte de 42 civiles, 22 de ellos ejecutados de manera arbitraria por uso excesivo de la fuerza, el titular de la CNS, insistió en que no fue así.

En conferencia, reiteró que ejecución extrajudicial supone que existen ejecuciones judiciales, situación que no aplica porque en México está prohibida la pena de muerte.

El 22 de mayo de 2015, uniformados de la PF repelieron los ataques de un grupo de presuntos delincuentes que se atrincheraron en dicho predio.

Según los testimonios recabados en la averiguación previa, los agresores pertenecían al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tenían entre sus armas un fusil tipo Barrett calibre .50 y un lanzamisiles RPG con el que amagaron con derribar un helicóptero de la corporación. Por ello, el comisionado justificó que la respuesta de los policías era necesaria, proporcional y en legítima defensa.

Sales Heredia aseguró que cuando la Procuraduría General de la República (PGR) acredite que hubo abusos o delitos, como la alteración de evidencias, siembra de armas, manipulación de los cadáveres, se ejercerá acción penal en contra de los servidores públicos responsables, pero mientras exigió respetar la presunción de inocencia de los policías.

A pregunta expresa de EL UNIVERSAL, confirmó que la captura de Nemesio Oceguera Cervantes, El Mencho, y la desarticulación del CJNG son prioridad para el gobierno federal.

“Tienes toda la razón, no dejamos de trabajar en la ubicación para la captura de esta persona, en coordinación con todas las instancias de seguridad del Estado mexicano. No podría dar fechas ni plazos fatales. Estamos trabajando en esto”, subrayó.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña (PRD), brindó su total respaldo al informe sobre Tanhuato de la CNDH, y consideró que deben ser llamados a comparecer sobre esos hechos el comisionado Renato Sales y el titular de la PF, Enrique Francisco Galindo Ceballos.

El coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera Ávila, urgió a que haya sanciones a los mandos que actuaron en Tanhuato, y advirtió que su grupo estará atento de que no se cuaje otra “verdad histórica”.

De la Peña dijo que se debe legislar una ley general para el uso de la fuerza pública que prevenga estos casos.

Carecer de estas normas pone a la fuerza pública en una condición de vulnerabilidad, alertó.

“Nos urge que unifiquemos a todo el país, a los tres órdenes de gobierno, en un solo concepto de lo que tiene que ser el uso legítimo de la fuerza pública”, y advirtió que desde el Congreso se debe dar respuesta a la realidad en materia de combate al crimen.

“Tenemos que entender que hay todos los días en los estados del país enfrentamientos con la delincuencia organizada, y los policías deben actuar con protocolos de cómo enfrentar y cómo llevar al final a los malhechores ante la justicia”, dijo.

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Marko Cortés Mendoza, aseguró que el informe de la CNDH denota un reflejo de que México atraviesa por una crisis en materia de derechos humanos. Agregó que las ejecuciones extrajudiciales —que están prohibidas en la ley— son reflejo de un alto grado de descomposición de los cuerpos policiacos y sólo evidencian a gobiernos autoritarios que debieron haber quedado superados en pleno siglo XXI.