PGR presenta acciones contra 3 gobernadores

Nación 12/07/2016 02:22 Javier Garduño y Diana Lastiri Actualizada 10:26
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Las demandas fueron ordenadas por el presidente Peña; argumenta inconstitucionalidad en sistemas anticorrupción

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La Procuraduría General de la República (PGR) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad contra los congresos y los gobernadores de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo.

Eduardo Sánchez Hernández, vocero de la Presidencia, en compañía de Salvador Sandoval Silva, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, dijo que con esta acción instruida por el presidente Enrique Peña Nieto se pretende que los gobernadores de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, y de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, no puedan anticiparse para su beneficio en materia anticorrupción y tampoco nombrar a funcionarios para este fin. Por la noche, la PGR anunció que también se inició una acción semejante contra el gobernador de Chihuahua, César Duarte. Los tres de extracción priísta.

“Resulta conveniente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice tales reformas, toda vez que ante la falta de competencia de los congresos de las entidades mencionadas, se generará, en perjuicio del propio Sistema Nacional Anticorrupción, una inseguridad jurídica que pondría en duda las reglas de ese sistema”, dijo.

“Lo que en esencia se ha solicitado en las acciones de inconstitucionalidad es que la Corte advierta que las entidades carecen de facultades para crear sus sistemas locales anticorrupción sin que se hayan publicado las leyes generales correspondientes y, lo que es más, que se advierta que no pueden hacer nombramientos de funcionarios en dichas materias”, señaló el funcionario.

“Las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la PGR se encaminan a atender problemas muy concretos”, afirmó el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR en el mensaje emitido en la Residencia Oficial de Los Pinos.

Recordó que la reforma constitucional para el combate a la corrupción publicada el 27 de mayo de 2015, estableció la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual conlleva la creación de sistemas locales que deben instituirse en cada entidad.

Un Sistema Nacional Anticorrupción que permita abatirla requiere homogeneidad, coordinación y un pulso adecuado, por tanto, dicho sistema así como los estatales, deben ser coherentes, porque de otra forma no podrán concretarse.

Los congresos de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo han aprobado reformas y realizado actos que no son acordes a la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015, que tuvo como objetivo concretar un sistema de mecanismos que permitan frenar el abuso del poder, no propiciarlo.

Sandoval Silva aseguró que de subsistir los decretos, se llegarían a cometer “vicios de inconstitucionalidad” en los nombramientos de los contralores generales de los estados, de fiscales especializados en combate a la corrupción, así como de los magistrados en materia anticorrupción en esos dos estados.

También se incurriría en la creación de la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción dependiente de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, en la designación de los fiscales, peritos, policías y personal que se requiera para cumplir con esas atribuciones, así como en la creación ex profeso de la sala superior especializada en materia anticorrupción que dependerá del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para dar cumplimiento a la legislación en materia anticorrupción.

Consideró que lo mismo ocurriría frente a “las resoluciones que condenen al pago de las indemnizaciones y sanciones que deriven de los daños y perjuicios que afecten la hacienda pública estatal, y las sanciones a las personas físicas que actúen a nombre o representación de una persona moral y en beneficio de ella, así como la suspensión de las actividades, disolución o intervención de la persona moral, cuando se trate de faltas administrativas graves, entre otras”.

Por la tarde se conoció que la documentación promovida por la PGR fue ingresada a la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte.

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