Porno venganza, calvario web

Alejandra relata el viacrucis que vivió para quitar de la red un video sexual que la implicaba a ella y a su ex

Ilustración: ROSARIO LUCAS
Nación 28/05/2016 03:30 Javier Maciel Actualizada 16:43

Alejandra se dedica a las ventas. Hace dos años veía la televisión en su casa, después de un día de trabajo. Era medianoche en la delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. En ese instante recibió una notificación inusual en Facebook: una cuenta que no conocía subió a su perfil un video sexual en el que aparecía ella junto a su ex pareja, Rodrigo. Éste fue el inicio de lo que ella misma llama “un viacrucis de casi ocho meses”.

Alejandra tenía a su pareja, Manuel, y pensaban casarse. Habían pasado seis años desde que terminó su relación con Rodrigo. Nunca autorizó que se grabara ese video, ni siquiera sabía que existía. Inmediatamente le marcó para saber qué pasaba.

Rodrigo le explicó que otra ex pareja suya, Rosa, le robó una laptop en la que él había conservado la grabación de uno de sus encuentros. Alejandra le exigió que denunciara el robo y al día siguiente, después de levantar juntos la denuncia ante el Ministerio Público, gestionó una queja en Facebook, de donde se retiró el material, y levantó un reporte en la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX.

Ella no conocía a Rosa, pero pensó que lo había hecho con el fin de vengarse de Rodrigo. Durante ocho meses los ataques no pararon.

Éste es sólo un ejemplo de violencia digital en contra de las mujeres. Según el Reporte Cibernético de Violencia contra la Mujer 2015, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las mujeres son 27 veces más propensas al abuso en internet que los hombres.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011 del Inegi define la violencia en contra de la mujer como todo acto, acción o conducta de maltrato basados en su género, que tiene como resultado, posible o real, un daño físico, sexual o sicológico, con el fin de someterla ante los hombres.

Va al siquiatra

Alejandra se percató de que sus cuentas de correo y Twitter fueron violentadas y de ahí se enviaba el material privado a su lista de contactos. Se sorprendió de la estrategia del ataque, porque no se utilizaban palabras que pudieran hacer sencilla una denuncia, como “sexo” o “porno”, sino frases publicitarias para que sus contactos sintieran curiosidad y dieran clic.

Sobre esta práctica, Andrés Velázquez, director de la empresa de seguridad cibernética Ma-
TTica, recomendó presentar quejas directamente con las páginas en las que están expuestos los videos, puesto que si el contenido no va de acuerdo con las normas de uso del sitio, los administradores lo bajan en cuestión de días.

Según el Reporte Cibernético de Violencia contra la Mujer, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas 2015, 23% de las mujeres que sufrieron abuso en internet fueron avergonzadas de ello por otros usuarios.

En la Policía Cibernética de la Ciudad de México a Alejandra le explicaron que la denuncia no podía proceder, porque ella no tenía las pruebas necesarias. No se detuvo, fue al Ministerio Público y tardó ocho días en levantar la denuncia, pues le decían que estaba en el lugar equivocado y la redirigían del MP de la GAM al de Xochimilco y viceversa. En ambos casos le argumentaron que no contaban con policías especializados en ciberdelitos.

Alejandra declara que en el MP “no eres víctima, sino que te hacen preguntas como si realmente tú fueras quien está poniendo el video y tú misma te estuvieras provocando. Quiero pensar que alguna razón tendrán para hacerlo”.

Llevaba una semana con problemas para dormir y comer. Acudió al siquiatra, quien la medicó para que lograra descansar y alimentarse. Además, le dijo que presentaba síntomas similares a los de una persona abusada sexualmente o secuestrada, como aislamiento y miedo.

El viacrucis legal

Ante la dificultad para denunciar este ataque, un compañero de trabajo tenía un socio abogado, al que Alejandra le contó su situación. Acordaron no intentar una denuncia por violencia en internet, sino juntarse con Rodrigo, quien llevaba el trámite del robo de la laptop.

Juan Carlos Montesinos, director de la Policía de Ciberdelincuencia de la CDMX, indicó que durante los primeros cinco meses de 2016 han recibido 266 reportes sobre incidentes en redes sociales, entre ellos la afectación a la propia imagen, daño moral y acoso. Sin embargo, esta corporación no está facultada para bajar contenido, a menos que un juez o autoridad competente dé la orden tras haberse comprobado un delito.

En este caso, una vez que los particulares reciben el mandato, en menos de 24 horas el video es retirado.

Actualmente, la pornovenganza no está considerada como delito en México. La Constitución, en su artículo 16, consta que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino por mandato de una autoridad competente, pero el problema empieza cuando el honor de una persona es vulnerado por particulares, que se defienden con otros derechos presentes en la ley, como la libertad de expresión y de imprenta.

Al respecto, Pablo Navarrete, coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), explicó que hay otras dos figuras del delito que sancionan a los abusadores con multas económicas, aunque ninguna lo hace con prisión: la reparación moral del daño, prevista en el Código Civil Federal, y la protección de la imagen, contemplada en la Ley Federal de Derechos de Autor (que multa a quien no respete el derecho de una persona a no autorizar su retrato en una imagen).

Sobre la recopilación de evidencias, el director de la Policía Cibernética de la CDMX reconoció que son difíciles de conseguir, porque en muchas ocasiones los videos son bajados de la web antes de levantar una denuncia o porque los abusadores utilizan el anonimato para
exhibir a una víctima. Para obtener pruebas, se necesita contactar a la empresa que otorga el servicio de internet en México y a la página en donde el contenido fue subido. La gran mayoría de esta información está en el extranjero, debido a que los servidores de las páginas web y las redes sociales no se instalan en el país.

El ingeniero cibernético de MaTTica explica que obtener respuesta de los proveedores web extranjeros es un proceso que puede durar de dos a cuatro años, porque las leyes de otros países no obligan a estas empresas a entregar información sobre sus actividades.

Por este motivo, Juan Carlos Montesinos, de la Policía Cibernética, reconoció que la mayoría de las denuncias permanecen en la impunidad, aunque desconoce la cifra exacta.

Después de ocho meses de denuncia en el MP, Rosa desapareció y el abogado de Alejandra también, con un adelanto de 10 mil pesos. Ella no tenía mucho dinero después de estos acontecimientos y a la par le detectaron un tumor maligno, por ello retiró las acusaciones en contra de Rosa y se concentró en su salud.

A dos años de incidente, Alejandra se casó con Manuel, su pareja en el momento del ataque y se recuperó del tumor. Ahora toma todas las medidas de seguridad posibles: “Tengo una asistente para que esté pegada a mí, no para que me ayude, sino para que me cuide todo el tiempo. No doy cabida a que mi mamá conteste el teléfono, puesto que después de esta experiencia nos ha costado volver a confiar”.

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