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Han pasado seis años desde la muerte de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, alumnos del Tecnológico de Monterrey, y aún el crimen sigue impune. Según las autoridades, los estudiantes del doctorado de mecatrónica perdieron la vida en un tiroteo entre soldados y personas armadas, luego de que fueron confundidos con “sicarios”.

Sus cuerpos y sus pertenencias nunca fueron mostrados a sus padres. Fueron identificados a través de dos fotografías que les enseñaron en el Semefo. En las imágenes, los rostros de los dos jóvenes estaban irreconocibles, tenían múltiples contusiones. El Ministerio Público nunca entregó la necropsia para determinar el motivo de la muerte. Durante los siguientes meses, y después de que las autoridades reconocieron que Jorge Antonio y Javier Francisco eran alumnos de excelencia y no sicarios, sus padres exigieron a las autoridades que se limpiara el nombre de sus hijos.

Al no haber respuesta del gobierno, la familia y algunos amigos de los jóvenes comenzaron a realizar una investigación sobre lo que había ocurrido. En 2012 conocieron que un soldado de nombre Hipólito fue juzgado y absuelto en tribunales militares por los hechos registrados la madrugada del 19 de marzo.

Un año después, un grupo de compañeros de los estudiantes se enteró que el expediente estaba en el “olvido y arrinconado”, y que sólo se había integrado con las declaraciones de los militares que participaron en los hechos y con las de un civil que trabaja como guardia de seguridad.

Las irregularidades llevaron a los amigos y padres de Jorge Antonio y Javier Francisco a buscar la asesoría de organizaciones de derechos humanos. Después de cuatro años del crimen, lograron que se abriera la investigación.

“De ahí a junio [de 2014] fue cuando se tomaron declaraciones a familiares, amigos y maestros, porque no se había hecho. Después nos mencionaron que en julio y agosto se iba a consignar el caso, pero se terminó 2014 y no hubo nada”, relata Rosa Elvia Mercado Alonso, mamá de Jorge Antonio.

Los meses pasaron y la respuesta no llegó. El año pasado la incertidumbre llevó a los familiares a escribir una carta a la procuradora General de la República, y a viajar a la Ciudad de México para entrevistarse con las autoridades.

Durante su visita a la capital del país tuvieron acceso a los pruebas de balística, forenses, necropsia, así como a testimonios que integran la averiguación. Lo que leyeron en las fojas cambió su realidad: la muerte de los jóvenes no fue un error, ellos fueron asesinados.

“En octubre [de 2105] hicimos una carta a la procuradora explicándole por lo que habíamos pasado y que nos venimos a la Ciudad de México. Conocíamos al Ministerio Público porque había llevado la investigación y nos mostró el expediente. No quisimos ver fotos o videos, porque lo que leímos nos dolió muchísimo. Hasta antes de verlo, nosotros pedíamos que se limpiaran los nombres de Jorge y Javier, porque no era justo que terminaran oficialmente como sicarios, pero a raíz de lo que leímos y supimos, nos dimos cuenta de que no fue error, no fue fuego cruzado, nos dimos cuenta que los asesinaron a sangre fría”, comenta Rosa Elvia.

Después de leer la investigación, los padres exigieron que se consignara el expediente a Monterrey, Nuevo León, para que se castigue a los culpables. En octubre de 2015, el subprocurador de la PGR, Gilberto Higuera, y Jorge Nader, director de Averiguaciones Previas, fueron a Saltillo, Coahuila, y les comentaron que se enviaría el documento. Hasta la fecha siguen esperando. Durante los últimos meses las autoridades les han pedido paciencia, y que no digan nada.

“No queremos ser revictimizados, que no nos traten con la punta del pie. Porque si cumplimos con no decir nada a la prensa, exigimos que se consigne el caso, que se castigue conforme a derecho, y que se limpie el nombre de los muchachos”, pidió Lorenzo Joel Medina Salazar, papá de Jorge Mercado.

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