La reforma presidencial que plantea transferir las 103 capitanías de puerto a la Secretaría de Marina, en donde se redistribuirán las atribuciones que tenía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, fortalecerá al sector.
“No se entorpecerán las actividades portuarias sino que se fortalecerán y se retomarán las atribuciones que tenía hasta 1976. Tampoco se militarizarán los puertos”, afirmó el vicealmirante de la Semar, Luis Arellano Ruiz.
Agregó que corresponderá a esa dependencia otorgar permisos para la prestación de servicios de transporte marítimo de pasajeros y de turismo náutico con embarcaciones menores, así como autorizar arribos y despachos de las embarcaciones y artefactos navales.
Será la encargada también de salvaguardar la vida humana en la mar, junto con acciones de prevención de la contaminación marina, entre otras actividades.
Comentó que así lo señala el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de Navegación y Comercio Marítimos y de Puertos. Iniciativa que el Ejecutivo federal envió al Senado de la República.
El funcionario de la Semar expuso que “esto no implicará la militarización de las capitanías de puerto en ambos litorales y las internas, sino adecuar la asignación de responsabilidades y de autoridad en el ámbito marítimo”.
Agregó que se trata de definir, por parte del Estado, a la autoridad marítima nacional que le permita dar cumplimiento a los compromisos nacionales e internacionales adquiridos y su verificación, por lo que es indispensable delimitar y redistribuir las atribuciones que actualmente ejercen en materia marítima y portuaria las Secretarías de Marina y de Comunicaciones y Transportes, desde 1976.
El funcionario argumentó que el retorno de atribuciones a la Secretaría de Marina de las capitanías de puerto no se da de la noche a la mañana, puesto que desde hace más de dos años tiene a su cargo el control de los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo.
Señaló que la injerencia del crimen organizado era evidente y que junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Dirección General de Aduanas y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se reordenaron estos lugares.
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