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En México persiste una impunidad provocada por violaciones “graves de derechos humanos”, como tortura y otros maltratos, por desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, así como por una violencia generalizada en contra de las mujeres, señala el Informe 2015/16, la situación de los derechos humanos en el mundo, elaborado por Amnistía Internacional.
Al dar a conocer el reporte, la organización asegura que se siguen llevando a cabo proyectos de desarrollo a gran escala y de explotación de los recursos naturales sin contar con un marco jurídico sobre el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas afectadas.
Señala que continúan las amenazas, el acoso y los homicidios contra periodistas y defensores de los derechos humanos, y la cifra de detenciones, expulsiones y denuncias de abusos contra personas migrantes en situación irregular a manos de las autoridades aumentó considerablemente.
Durante 2015, de acuerdo con Amnistía Internacional, “más de 27 mil personas permanecían desaparecidas o en paradero desconocido”. En el informe del año pasado se reportaron 22 mil 611 de esos casos.
En septiembre de 2015, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR) informaron que hasta el 31 de diciembre de 2014 habían registrado 25 mil 230 personas desaparecidas o extraviadas, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
“Las desapariciones forzadas con implicación del Estado y las desapariciones perpetradas por agentes no estatales seguían siendo una práctica generalizada. Al terminar el año, el gobierno informó que 27 mil 638 personas [20 mil 203 hombres y 7 mil 435 mujeres] se hallaban en paradero desconocido, pero no especificó cuántas de ellas habían sido sometidas a desaparición forzada”, dice Amnistía.
Una práctica generalizada. Uno de los apartados en los que se detalla la situación que enfrenta México refiere que a pesar de que se desplegaron menos soldados en operaciones destinadas a hacer cumplir la ley se siguieron atribuyendo numerosas violaciones de derechos humanos a los elementos de las Fuerzas Armadas.
En el documento Amnistía Internacional asegura que México reaccionó con dureza ante las críticas exteriores sobre su historial de derechos humanos.
Entre los señalamientos que realiza Amnistía se encuentra que en marzo el gobierno cuestionó públicamente al relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la tortura, después de que publicara un informe que describía este delito como una práctica generalizada en el país.
“El gobierno declaró que el informe sobre México del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada no aportaba elementos adicionales para abordar el problema.
“En mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el país no tenía obligación de cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionadas con las restricciones de los derechos humanos contenidas en la Constitución”, menciona el documento.
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