Avala Senado facultades de operación del INM

El Senado avaló un dictamen que reforma el artículo 93 de la Ley de Migración, a efecto de precisar las facultades del Instituto Nacional de Migración (INM) en materia de denuncias formuladas en contra de extranjeros por la presunta comisión de delitos.

El documento establece que en relación a la recepción y atención de denuncias por la comisión de delitos, las atribuciones del instituto sólo son para efectos de control, verificación o revisión migratoria, las cuales deberán ser turnadas a las autoridades competentes.

El objeto del dictamen es evitar una interpretación en la cual se considere que el INM tiene funciones ministeriales y policiacas.

Se refiere que durante la última década el fenómeno migratorio se ha vinculado con consideraciones de seguridad nacional y combate al crimen organizado, ya que la vulnerabilidad de los migrantes que ingresan al territorio nacional a través de su frontera sur ha llevado, en muchas ocasiones, para que se vean involucrados en las dinámicas criminales.

Por ello, la clara definición de las competencias de cada una de las dependencias involucradas en la gestión migratoria y de seguridad nacional es un requisito fundamental para garantizar que ésta sea exitosa y promueva, como es su objetivo, la protección de los derechos humano de los migrantes.

Al respecto, el senador del PRI, Teófilo Torres Corzo, subrayó que la precisión de facultades busca hacer ágil el sistema entre las autoridades para la investigación de delitos y autoridades migratorias.

La redacción del artículo actualmente pone en riesgo la invasión de competencias entre autoridades y los derechos humanos de los migrantes, por ello la propuesta busca clarificar el texto normativo, puntualizó.

En tanto, su compañero de bancada, Sofío Ramírez Hernández, aseguró que con esta propuesta le da certeza a las facultades del INM, a efecto de que no se piense que se invaden atribuciones exclusivas de las autoridades en materia de denuncias penales.

Dijo que es necesario que desde los tres niveles de gobierno se impulsen políticas sociales que generen oportunidades de empleo y de ingreso a los mexicanos que han dejado el campo para trabajar en Estados Unidos.