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Al medir la arbitrariedad, el clientelismo, la captura política y la búsqueda de “rentas” por parte de los partidos políticos, en la contratación de servidores públicos, México encuentra a la mitad de la tabla de 16 países latinoamericanos cuyos gobiernos fueron evaluados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Ese organismo elaboró un índice de mérito para medir las garantías de profesionalismo en el funcionamiento del sistema de servicio civil de carrera en cada país. De esta manera evalúa en qué medida el reclutamiento de servidores públicos está abierto a todos los candidatos que reúnan los requisitos exigidos y que estas contrataciones se establezcan de acuerdo con consideraciones técnicas.

También mide que existan mecanismos de garantía adecuados para evitar la arbitrariedad durante el proceso de contratación; y que los despidos o rescisiones de empleo que afectan a puestos de trabajo de carácter profesional no estén motivados por los cambios políticos.

“Específicamente, mide el grado de protección efectiva que el sistema ofrece frente a la arbitrariedad, la captura política o clientelismo, y las diferentes modalidades de búsqueda de rentas por parte de grupos o sectores interesados”, señala el reporte.

México retrocede en la contratación de sus funcionarios públicos
México retrocede en la contratación de sus funcionarios públicos

El gobierno mexicano no ha podido garantizar que en todos los casos la contratación y despido de servidores públicos se lleve a cabo con base en consideraciones técnicas, tampoco tiene mecanismos suficientes para evitar que estos procesos se lleven a cabo de manera arbitraria o derivado de los cambios políticos.

En su reporte Panorama de las administraciones públicas América Latina y el Caribe 2017, el organismo internacional señala que nuestro país no tiene la suficiente apertura para contratar a los candidatos que reúnen los requisitos exigidos para convertirse en funcionarios públicos; y menciona que estas contrataciones no se definen con base en consideraciones técnicas.

En su comparación con otros países, la OCDE colocó al nuestro al centro de la tabla en una puntuación de cero a cien para calificar la gestión de sus recursos humanos en el rubro del servicio civil. En una comparación entre dos periodos: 2004 y 2012/2015, la puntuación de la región América Latina y el Caribe se incrementó en 12 puntos al pasar de 33 a 45 puntos, lo que quiere decir que subió de un bajo nivel de desarrollo, a un nivel medio.

En México, en la comparación de ambos periodos que abarcan las administraciones de los presidentes Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, empeoró la manera en la cual nuestro país elige y contrata a sus servidores públicos.

Entre 2004 y 2012, nuestro país perdió siete puntos, al pasar de 47 puntos a 40, en una escala de 1 al 100 que mide las mejores y peores prácticas en países de América Latina y el Caribe.

México está al centro de la tabla, en el lugar 8 de 16 países latinoamericanos analizados y junto con Bolivia, fuimos el único país que tuvo un retroceso. Los que tienen peor desempeño son Honduras, Bolivia, Panamá, Guatemala y Dominicana; en los pasados 11 años, Panamá y Dominicana presentaron mejoras, expresadas en un crecimiento de 20 puntos, en la manera como recluta a servidores públicos.

Los países más avanzados son Brasil, Costa Rica, Uruguay, Chile y Colombia, los cuales presentan puntuaciones superiores a 60 lo que las califica con niveles altos de desempeño en la gestión de sus recursos humanos.

El documento que la semana pasada entregó José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, a Luis Enrique Miranda Nava, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, señala que no existen mecanismos de garantía para evitar la arbitrariedad durante el proceso de contratación; y que los despidos o rescisiones de contratos que afectan a puestos de carácter profesional están motivados por cambios políticos.

El organismo presentó una escala de puntuación en la cual México obtuvo un nivel medio en el reclutamiento de personal para el servicio público está abierto a todos los candidatos que reúnan los requisitos exigidos, y se define en base a consideraciones técnicas.

En esta medición individual, presentó un nivel bajo sobre la existencia de mecanismos de garantía adecuados para evitar la arbitrariedad durante el proceso de contratación; y fue calificado en el rango medio que mide si los despidos no están motivados por los cambios políticos.

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