Temas religiosos frenan ley antitrata: Senadora del PAN

Diputados quieren reducir delito al de la explotación sexual, asegura la presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas del Senado, Adriana Dávila Fernández; advierte riesgos por cambios a minuta original hechos en Cámara Baja
Adriana Dávila Fernández Senadora del PAN (JUAN CARLOS REYES. EL UNIVERSAL)
08/12/2016
04:00
Alberto Morales y Juan Arvizu
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La presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas del Senado, Adriana Dávila Fernández (PAN), afirmó que en la discusión de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, los temas religiosos y morales están deteniendo su aprobación en la Cámara de Diputados.

“Están actuando bajo criterios de una moral personal y criterios religiosos. Yo no tengo nada contra la religión. Nosotros juramos ante la Constitución y se supone que tenemos que ser laicos. Pero imagínate que mi percepción moral haga que alguien sea castigado injustamente sólo porque hay una conducta que moralmente está fuera de la mía”, dijo la legisladora al referirse a la presidenta de la Comisión Contra la Trata de la Cámara de Diputados, la priísta Julieta Fernández.

En específico, dijo, se quiere reducir el delito de la trata al de la explotación sexual al criminalizar a las personas que por diversas circunstancias ejercen la prostitución, así como todo lo que esté alrededor de este problema.

En entrevista, la legisladora por Tlaxcala aseguró que ella es “guadalupana”, pero que eso no le impide analizar este delito considerado como trasnacional desde un punto de vista técnico, como les mandata la Constitución.

Por ello, hizo un llamado a la Cámara Baja a revisar la minuta sobre la ley de trata —que regresaron a San Lázaro— desde un punto de vista técnico-penal y apegado a los tratados internacionales, como el Protocolo de Palermo, que da un marco legal para definir este delito.

No obstante, advirtió que si la Cámara de Diputados no atiende los cambios hechos por el Senado, como Cámara revisora sería un hecho grave, porque la ley no castigará el delito de trata y ante ese escenario podrían recurrir a una acción de inconstitucionalidad para impugnarla.

El pasado 27 de octubre, el pleno del Senado aprobó reformas a la Ley General contra la Trata de Personas, una iniciativa que estuvo detenida debido a que los senadores no estaban de acuerdo con las modificaciones que hizo la Cámara de Diputados a la minuta que les fue remitida. Ahora la iniciativa se encuentra en la cancha de los diputados federales.

¿En qué estado se encuentra la minuta que ya aprobaron?

—Hay una confusión terrible por parte de las diputadas, muchas de ellas no son expertas en el tema. Cuando modificamos el tipo penal es porque el artículo 73 de la Constitución no lo mandata, para expedir leyes generales en materia de trata de personas.

El delito de trata de personas es uno, no hay muchos delitos de trata de personas, hay muchos fines de explotación que es una cosa completamente distinta, este es un delito forzosamente, porque se comete con una finalidad de hacer daño, por eso es importante que el delito se defina bien.

¿Conforme a qué criterios definió el Senado este delito?

—El delito lo define la Comisión de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, que es el tratado que México firmó en el año 2000, y en su artículo 3 del Protocolo de Palermo, habla de cómo se define la trata de personas, y lo que se dice es que la trata de personas significa quien capte, enganche, traslade, retenga, entregue u oculte a una persona a través de... Es decir, primero la conducta, acciones concretas, el engaño, el abuso de una situación de vulnerabilidad, por medio del pago o concesión de beneficios, o de una persona que tenga autoridad sobre otra.

Desde su punto de vista, ¿bajo qué criterios están revisando la ley en San Lázaro?

—Religiosos. Están actuando bajo criterios de una moral personal y criterios religiosos. Yo no tengo nada contra la religión. Nosotros juramos ante la Constitución y se supone que tenemos que ser laicos, pero imagínate que mi percepción moral haga que alguien sea castigado injustamente sólo porque hay una conducta que moralmente está fuera de la mía.

¿A qué se refiere en específico?

—Este grupo quiere que se legisle para que se criminalice la prostitución, porque para ellos los únicos casos visibles de trata son con fines de explotación sexual, por ello dicen que se debe legislar para abolir a las prostitutas y no para abolir la prostitución como debe ser, así me lo dijo la diputada Julieta Fernández (PRI).

¿Usted es católica?

—Soy católica y guadalupana, creo en Dios, pertenezco al PAN, pero esto es un tema técnico-penal que hay que meter. Las últimas presidentas de la Comisión contra la Trata de Personas de la Cámara de Diputados son cristianas. Pertenecen a la misma congregación, Rosi Orozco, Leticia López y Julieta Fernández. No juzgo la decisión de su religión, pero lo que me parece que es incorrecto es que un tema de carácter religioso lo metan en trata, porque se trata de definir tipos penales.

En el escenario de que en la Cámara de Diputados no se allane a los cambios sugeridos, ¿que harán?

—Eso sería lo más grave, porque en el caso concreto de la actual ley por lo menos tienes conductas de tipo penal y fines de explotación, los diputados, los medios comisivos los meten como agravantes. En una de las últimas sentencias sobre este delito, que no puedo decir el nombre, la sentencia fue de 30 años porque la ley no permite la concurrencia de delitos.

¿Hasta dónde piensan llegar en este tema? ¿Puede quedarse en la Congeladora legislativa?

—Podremos recurrir a la CNDH y Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, porque si se aprueba tal y como lo proponen los diputados estamos fuera de la Convención de la Naciones Unidas. Esto forma parte de nuestro bloque constitucional.

¿Los opositores de esta ley dicen que se permite la prostitución?

—No, no queremos es eso. Muchas de las personas que se dedican a la prostitución son lastimadas y explotadas, pero si alguna por cualquier cosa decidiera voluntariamente hacerlo, no se le puede castigar por su condición económica, más aun con este esquema en el que los policías las extorsionan además de los tratantes que las explotan.

¿Legalmente cómo lo puede revertir si, en su opinión, sale mal la ley?

—Vamos a recurrir a una acción de inconstitucionalidad, porque en las modificaciones que los diputados nos mandaron hubo dolo. En el artículo 10 de la minuta que nos mandaron dice que hay trata a quien explote a una persona. Entonces, si alguien la enganchó, la captó, la trasladó, la ocultó, y se la dio al explotador u a otra persona, ¿ahí no hay trata? Esto sería terrible porque ni siquiera por explotación podría castigarse con cárcel.

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