Más allá de la recompensa, debe haber resultados, dice Barbosa

justiciaysociedad@eluniversal.com.mx

El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, aseguró que más allá de la recompensa de 15 millones de pesos que la PGR ofrece por Javier Duarte, el gobierno federal debe demostrar su compromiso real con el combate a la corrupción y presentar ante la justicia al ex mandatario.

Barbosa Huerta aseguró que la PGR está obligada a demostrar que el actual gobierno realmente está comprometido para combatir la corrupción y no sólo son acciones simuladas.

Comentó que Duarte de Ochoa, prófugo de la justicia, es buscado por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los que resulten. “Es acusado de un desfalco al estado por cerca de 16 mil 349 millones de pesos”, dijo.

Barbosa refirió que el estado ha perdido su tranquilidad, puesto que desde hace días Casa Veracruz, antes símbolo del poder “duartista”, está tomada por alcaldes enfurecidos, quienes no han recibido recursos.

Comentó que el ex gobernador de Sonora Guillermo Padrés Elías, en una estrategia con sus abogados, decidió entregarse y enfrentar los cargos que se le imputan, por eso, más allá de la recompensa que se ofrece por Duarte, se requiere efectividad y mejores resultados.

El ex mandatario enfrenta un proceso en su contra por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Su hijo, Guillermo Padrés Dagnino, quien lo acompañó, también fue detenido al salir de la diligencia por su probable participación en los delitos que se le imputan al ex gobernador y fue trasladado al Centro Federal de Rehabilitación Social de El Altiplano, en el Estado de México. La PGR solicitó y obtuvo dos órdenes de aprehensión contra Padrés Elías y una contra Padrés Dagnino; sin embargo, el ex mandatario panista se amparó para evitar su captura.

La PGR informó que el monto de las cuentas de Padrés detectadas en el extranjero asciende a 8.8 millones de dólares (134 millones de pesos al tipo de cambio vigente al inicio de la investigación), recursos que no fueron declarados ante la autoridad fiscal.