Comunidad LGBTTTI exige respeto a derechos

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En un foro sin antecedente en el Senado, representantes de agrupaciones homosexuales acusaron que en los últimos años se incrementó la violencia en su contra, y llamaron a que el Congreso responda en favor de sus derechos, en el marco del Estado laico.

El senador Luis Sánchez Jiménez (PRD) dijo que las iniciativas del Ejecutivo en materia de matrimonio igualitario y de adopción por parte de parejas del mismo sexo deben ser “enriquecidas y mejoradas, no frenadas ni hacerlas a un lado por presiones de grupos conservadores y por las iglesias y los partidos políticos”.

La senadora Martha Tagle Martínez convocó a agrupaciones gay, así como a representantes de la CNDH, de Conapred, de la Secretaría de Salud, entre otras, las cuales plantearon la dimensión del problema de la discriminación por la orientación sexual de las personas, y expresaron su determinación por impulsar los proyectos de matrimonio igualitario y de adopción, que “no son moda, sino que se trata de derechos que llegaron para quedarse”, como señaló la presidenta del Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México, Jacqueline L’Hoist Tapia.

Tagle Martínez explicó que el Senado se abre al debate sobre orientación sexual, en el contexto de las iniciativas de matrimonio igualitario y de adopción del Ejecutivo federal, cuya revisión debe darse en condiciones de respeto a los principios de igualdad y no discriminación.

Celebró la presencia de representantes de organizaciones de 24 entidades federativas y de la Ciudad de México, que han defendido la agenda de los derechos de las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales, travestis, transgénero e intersexuales (LGBTTTI), y que contribuyen a romper esquemas de odio y que se afanan en la construcción de canales de respeto y tolerancia.

Julio César Cervantes, en representación de la CNDH, refirió que en México hay un movimiento en favor de que se emprendan acciones legislativas de acceso al matrimonio igualitario.

“La lucha debe concretarse en una reforma que demuestre que el Estado apoya los movimientos sociales y protege a la población LGBTTTI en sus derechos civiles y políticos”, detalló.

Anita María Suárez, titular del Comité de Violencia Sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, externó que si bien hace cinco años se reconoció en la Constitución el derecho a la igualdad, en la actualidad las personas con una orientación sexual diferente integran una población vulnerable a la violación de sus derechos.

Jacqueline L’Hoist Tapia dijo que “la discriminación a la población LGBTTTI, es de las más violentas que hay”, y se les descalifica con prejuicios de pecadores, enfermos o hasta de criminales.