Exigen a PGR publicar espionaje telefónico

Ordena Inai transparentar órdenes judiciales de cateo; incumple procuraduría con el total de los requerimientos

Exigen  a PGR publicar    espionaje telefónico
Consejeros del Inai coincidieron en que la solicitud a la PGR responde a un rendimiento de cuentas y que se demuestre que actúan con apego a la ley (ARCHIVO EL UNIVERSAL)
Nación 09/05/2016 02:06 Alberto Morales Actualizada 02:06
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Del 1 de enero de 2009 al 6 de enero de 2016, el Poder Judicial de la Federación autorizó a la PGR mil 167 órdenes de intervención por parte de jueces federales especializados en cateos, en arraigos, en intervenciones de comunicaciones privadas para la indagatoria de diversos delitos.

No obstante, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) ordenó a la PGR entregar versión pública de todas y cada una de las solicitudes de autorización para intervenir comunicaciones telefónicas privadas, de líneas fijas o móviles para ese mismo periodo.

Ello porque la dependencia que encabeza la procuradora Arely Gómez no entregó el total de solicitudes, las concedidas y negadas, fecha de solicitud, ante qué autoridad se presentó y si se trató de línea fija o móvil.

Al argumentar ante el pleno del Inai la resolución del recurso de revisión presentado, el comisionado ponente Joel Salas afirmó que “la información pública sobre la justificación de solicitudes de intervenciones telefónicas por parte de la PGR, sirve para que rindan cuentas y demuestre que actúan con apego a la ley”.

Refirió que el hecho cobra relevancia porque está en el debate público la propuesta de la Ley 3 de 3, que incluye la realización de intervenciones telefónicas a funcionarios por sospechas de corrupción; y recordó el pronunciamiento de la SCJN sobre la constitucionalidad de los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para solicitar información de usuarios a las empresas de comunicación sin previa autorización judicial.

Recordó las reformas a los códigos de Justicia Militar y Militar de Procedimientos Penales aprobadas por el Senado, que posibilitan a autoridades judiciales militares a realizar cateos e intervenciones telefónicas sin consultar a las autoridades penales y civiles, respecto a lo cual la ONU ha advertido que podría facilitar violaciones a derechos humanos.

Salas Suárez subrayó la importancia del recurso de revisión porque “la información pública es la base para sostener un debate propositivo para construir marcos normativos que establezcan competencia y procedimientos claros… Puede ayudar a que entre todos, autoridades y ciudadanos, contribuyamos a tener un México inclusivo, justo y seguro”.

En su respuesta la PGR señaló que no tenía un sistema estadístico para desglosar la información en los términos solicitados por el particular y que, conforme a la Ley Federal de Transparencia, no podía generar documentos ad hoc, por ello entregó sólo el número de mil 167 solicitudes de intervención autorizadas.

En el análisis del comisionado Salas Suárez dijo que el sujeto obligado no puede generar documentos ad hoc, sino proporcionar la expresión documental que obre en sus archivos.

En ese sentido, las solicitudes de autorización para intervenir comunicaciones telefónicas privadas, constituyen la expresión documental en poder de la PGR que atiende con mayor grado de detalle el requerimiento del particular.

Lo anterior, en virtud de que la solicitud de autorización contiene el acuerdo del Ministerio Público de la Federación en el que funda y motiva la procedencia de la intervención, la materia de la misma, el tipo de comunicaciones, los sujetos y lugares a intervenir, el tiempo de la intervención, líneas, números, entre otros datos.

Al sustanciar el recurso de revisión el INAI observó que la PGR no realizó las gestiones necesarias para localizar la expresión documental que dé respuesta a la solicitud de información.

Por lo anterior, el pleno del INAI modificó la respuesta de la PGR y le instruyó a entregar al particular versión pública de todas y cada una de las solicitudes de autorización para intervenir comunicaciones privadas.

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