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Las comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Estudios Legislativos en el Senado de la República aprobaron por unanimidad el dictamen que expide la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Las personas que se encuentran en la cárcel por delincuencia organizada, no sólo estarán en un área distinta a los demás reos, también requerirán de medidas especiales de seguridad, así quedó establecido en el texto que será presentado al pleno de la Cámara Alta la semana próxima.
Incluye mecanismos de libertad anticipada para delitos no graves, la revisión periódica de los penales, así como la reinserción social de quienes estén encarcelados.
El beneficio de la libertad anticipada se considera para las personas que fueron sentenciadas con penas privativas de la libertad, por robos —cuyo valor de lo hurtado no exceda de 80 salarios mínimos— y cuando en la comisión del delito no haya mediado ningún tipo de violencia.
También por la posesión sin fines de comercio o suministro de cannabis sativa o marihuana, siempre y cuando el monto encontrado en posesión del sentenciado, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones, no exceda cinco gramos y cuando en la comisión del delito no haya mediado ningún tipo de violencia.
Como medidas especiales se consideró: el cambio de dormitorio, vigilancia permanente, restricción de tránsito en el interior de los centros penitenciarios, limitación en visitas familiares y endurecimiento en comunicaciones con el exterior.
Obliga también a las autoridades penitenciarias a instrumentar un área especial, distinta a la de los demás reos, para los sentenciados por delincuencia organizada y secuestro.
La nueva legislación indica que existirá vigilancia permanente en las instalaciones de las penitenciarías; se revisarán a las personas, objetos y vehículos que pretendan ingresar o salir.
El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, Fernando Yunes (PAN), celebró los consensos. Recordó que los reos serían sancionados por cualquier participación activa en disturbios, escaparse o ayudar a otros a fugarse, cometer un delito hacia otras personas privadas de su libertad y por la posesión de armas.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña (PRD), destacó la importancia de la reinserción social.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz (PRI), celebró que después de dos años se lograra modificar el régimen penitenciario.
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