ASF ordena indagar por anomalías al CompraINE

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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó ante la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral (INE) una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria para investigar y, en su caso, iniciar un procedimiento administrativo por los actos u omisiones de servidores públicos que no garantizaron la puesta en marcha a tiempo, del sistema CompraINE, al que el organismo migró apenas a principios de este año.

Por ese sistema electrónico de información pública sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, de acuerdo con el informe de la Cuenta Pública 2014, el INE pagó 9 millones de pesos en 2014 y debió operar en marzo de ese año, pero al cierre, el avance era de 16.4%, y aún en octubre de 2015 estaba sin funcionar como se tenía previsto.

Según el Reglamento del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Muebles y Servicios, ese sistema por el que se pagaron 9 millones de pesos debió estar listo en octubre de 2015, pero hasta hace cuatro meses sólo se usaba “para capacitación y pruebas”.

Por eso se propone investigar y eventualmente sancionar por “no definir el proceso de monitoreo y administración de actualizaciones y vulnerabilidades de infraestructura”.

La ASF también detectó un probable daño a la Hacienda federal por un monto de 2.1 millones de pesos por falta de documentación que justifique o respalde pagos realizados por el INE.

“Además, en cinco casos por 284.4 miles de pesos, no se localizó el contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios formalizados con los servidores públicos”. Tampoco se registraron oportunamente los intereses generados de ese fondo.

Sobrel Fideicomiso Inmobiliario, la Auditoría Superior de la Federación resolvió que no se halló documentación que justificara pagos por 2 millones 131 mil pesos realizados mediante una orden de pago a un contratista.

Asimismo, se adjudicó un contrato a un prestador de servicios que presentó extemporáneamente una opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).